A través de una Resolución, Provincia determinó que no podrán cobrar tasas municipales ajenas en las boletas de luz. Mientras el oficialismo avala la medida, la oposición ya habla de inconstitucionalidad.
La Gobernadora canta retruco. Luego de enviar a la Legislatura dos proyectos para reducir impuestos en las tarifas de luz, gas y agua, ahora se sumó una nueva resolución que pone a los intendentes en guardia.
Se trata de una medida adoptada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, que dispone que las facturas que emitan las distribuidoras provinciales o municipales solo deberán contener «conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica».
Como se sabe, son muchos los distritos que incluyen en las boletas tasas municipales ajenas al servicio eléctrico. Por ejemplo, en Tandil se cobra un gravamen para la cobertura de prácticas de alta complejidad en el hospital local.
Luján, por su parte, incluye impuestos para los bomberos voluntarios, fondos de infraestructura, acción social y seguridad. Chivilcoy, además, implementa tres tasas fijas para seguridad, educación y transporte público; mientras que en Junín se incluye una tasa de seguridad además de la denominada Conservación de la Vía Pública.
Mariano Uset, jefe comunal de Coronel Rosales por Cambiemos, negó que en su municipio se cobre alguna de estas tasas, pero entiende el trasfondo de la medida. “Todos tenemos que hacer cuentas y sacrificio. Tengo una administración muy austera, no hay mucho margen para abajo. Viajo a La Plata en un auto 98, no consigo más viejos”, graficó el mandamás.
En tanto, el peronista Alfredo Fisher, mandamás de Laprida, consideró que la resolución de OCEBA es inconstitucional y que aquellos municipios que “presupuestaron sus recursos con la legalidad de esos cargos los desfinancia a mitad de ejercicio”.
En la misma línea opinó Alberto Conocchiari, jefe comunal de Leandro N. Alem. «Es un desatino, porque compromete su cobro, y en consecuencia la calidad de la prestación. Esto hasta se relaciona con la seguridad. Además sospecho que es inconstitucional porque no se pueden cercenar esas facultades y carece el OCEBA de potestad para hacerlo».
«Es romper lo que funciona sólo para relativizar la falta de racionalidad en el aumento de las tarifas», añadió.
El malestar de los jefes comunales con la Provincia no es nuevo. Primero se quedaron sin el Fondo de Seguridad, después sin el Fondo de Infraestructura, se vieron prácticamente en la obligación de adherir al Pacto Fiscal y pierden 1400 millones por la desfinanciación del Profide (Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial).
Como si fuera poco, Vidal decidió reducir una alícuota del 6 por mil que percibe la Provincia en las tarifas de luz y de un 6 que se destinan a los municipios y de un 4 que también perciben las comunas de las tarifas de agua. Este último punto fue el del problema. No el párrafo claro, sino los 1300 millones de pesos que perderían. Una vez analizado el tema, los jefes comunales pusieron el grito en el cielo que, ahora, se suma con una nueva medida que reduce sustancialmente sus ingresos.
Los intendentes deberán determinar, en este caso, si eliminar directamente las tasas o cobrarlas por separado. Esta última alternativa, en tanto, no les asegura un alto índice de recaudación.
Fuente: La Tecla
