Infraestructura, Administrativa y Seguridad son las tres emergencias declaradas por Vidal. Cuándo vencen y cuáles son los planes de la próxima gestión a cargo de Kicillof.
“Recibimos una Provincia quebrada”, dijo la gobernadora María Eugenia Vidal un minuto después de calzarse la banda que marcó el inicio de su gestión el último mes de 2015. Una gestión que terminará el próximo 10 de diciembre tras perder las elecciones frente a Axel Kicillof por más de 14 puntos de diferencia.
Durante estos cuatro años, la primera mujer a cargo de uno de los territorios más complejos del país aseguró, una y otra vez, las dificultades que atravesaba la Provincia y la necesidad de ponerla en marcha, lo más rápido posible. Por eso, ni bien asumió, presentó una serie de leyes de emergencia que le permitieron acelerar los tiempos burocráticos en materia de compras, contrataciones y llamados a licitación.
En primer lugar, Vidal envió a la Legislatura los proyectos para declarar la emergencia en Seguridad, Justicia e Infraestructura. Tiempo después, la Gobernadora impulsó una nueva emergencia, que abarcara, de cierta manera, a todas las áreas del Ejecutivo: la Administrativa y Tecnológica. Ante la falta de acuerdos decidió sacarla directamente por decreto. Año a año, las leyes fueron prorrogadas, tanto por decreto como por Ley y de las cuatro, sólo tres continúan vigentes: la de Infraestructura, la Administrativa y la de Seguridad. Esta última vence a fines de diciembre, por lo que será decisión exclusiva del Gobernador entrante su nuevo aplazamiento. Las otras dos, recién deberán ser puestas a consideración del Parlamento bonaerense entre abril y mayo de 2020.
Desde el equipo de Kicillof no dieron a conocer aún sus intenciones en este sentido pero, según pudo saber La Tecla, tendrían en mente continuar la de Infraestructura y Seguridad, a la vez de avanzar en el debut de la Emergencia Alimentaria y la Escolar, dos iniciativas que la oposición ha intentado tratar en la Legislatura sin resultados positivos. La negativa del oficialismo fue, por un lado, la negación a reconocer los conflictos, y, por el otro, hacer frente a los gastos extra que generan las mencionadas normas.
Pero ahora la historia va a ser otra. Cambiemos, desde diciembre, pasará a trabajar como oposición y continuará con la misma postura de rechazar cualquier intento de declaración de emergencia, no por el costo económico que signifique, sino por el costo político.
“Dejamos una Provincia ordenada, mucho mejor que la que nos dejaron. No existen razones para declarar emergencias”, aseguran desde el bloque. En Cambiemos saben que el Frente de Todos no tiene los números necesarios y que necesita negociar, aunque, tal como lo hizo Vidal, Kicillof podría hacer uso del decreto si en la Legislatura no llegara a haber acuerdo.
Infraestructura y Servicios Públicos
El 31 de marzo de 2016 la Legislatura de la Provincia sancionó la Ley N° 14.812, por medio de la cual se declaró, por el término de un año, la emergencia en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos en todo el territorio bonaerense. La mencionada normativa tuvo origen en la necesidad de realizar con “la mayor premura posible obras de infraestructura y servicios públicos, ante la situación crítica que se encontraba atravesando la Provincia en ese entonces”, señalaron desde el Gobierno provincial.
A partir de su vencimiento, María Eugenia Vidal decidió prorrogarla por 12 meses más pero, “atento a la subsistencia de las causales que motivaron la sanción de la emergencia en primer término”, la Legislatura aprobó la Ley 15.022 y decidió dejarla vigente una vez más en abril de 2018, habilitando a la Gobernadora a extender la emergencia por otro año, “en caso de que las causales que justificaron la declaración de emergencia no hubieran cesado”. Y así fue, mediante el decreto 270/2019, publicado el 24 de abril de este año. Hasta ese mes de 2020, continuará vigente.
Administrativa y Tecnológica
Si bien la Legislatura aprobó la Emergencia Administrativa y Tecnológica en mayo de 2016, ya había sido puesta en marcha por la Gobernadora un tiempo antes. La decisión fue tomada con la finalidad de “paliar el grave déficit en estas materias que en el transcurso de los últimos años se ha visto incrementado progresivamente”, y así “posibilitar la realización de las acciones tendientes al fortalecimiento y modernización tecnológica de los organismos públicos provinciales para cumplir así con el mandato constitucional de promover el bienestar general”.
La emergencia se completó con la creación de un régimen de regulación del contrato de servicios autónomos, “a fin de dotar de herramientas más eficaces para la contratación de servicios profesionales o técnicos a título personal, escindiéndolo de la regulación del empleo público”.
Por ello, se autorizó a todos los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios “que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente Ley”. La norma fue prorrogada por decreto, y sancionada una vez más por el parlamento en abril de 2018 (Ley N° 15.022), aplazada por 12 meses por María Eugenia Vidal.
Seguridad pública y Penitenciaria
El 15 de enero de 2016, a través de la Ley 14.086, la Legislatura declaró por el término de 12 meses la Emergencia en materia de Seguridad Pública y de Política y Salud Penitenciaria en todo el territorio de la Provincia, con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas que prestan servicio policial y penitenciario.
La norma fue prorrogada un año más por la gobernadora María Eugenia Vidal, a fin de otorgar mayor fluidez y celeridad a los trámites, “sirviendo como herramienta para realizar contrataciones de provisión de servicios y suministros, bajo las reglas de excepción autorizadas, permitiendo la provisión de los elementos básicos e indispensables para el mejoramiento de la labor policial”. A la vez que habilitó “contrataciones de provisión de servicios y suministros bajo las reglas de excepción”, lo cual permitió la normalización en la entrega de insumos imprescindibles para los establecimientos carcelarios.
En este contexto, el 3 de diciembre de 2018, el parlamento bonaerense volvió a sancionar una ley (N° 15.101) para otorgar nueva vigencia a la emergencia en seguridad, que podrá ser prorrogada por un año más, mediante decreto del Gobernador electo.
Fuente: La Tecla
