Alberto Fernández se presentó en la Justicia y propuso donar al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante cuatro meses

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Sin su abogado, el Presidente entregó un escrito y pidió ser sobreseído. Fue por la denuncia de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez de la que participaron varias personas.

Alberto Fernández se presentó esta tarde a la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que hubiere causado por violar la cuarentena durante la fiesta VIP que se organizó en Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez. El Presidente ofreció depositar durante cuatro (4) meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán.

Ante el juez Sebastián Casanelo, a cargo de la investigación, el Presidente planteó que no cometió delito y pidió su sobreseimiento.

“Vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, conforme a lo que se desarrollará, a fin de que, corrida las vista pertinente a la otra parte, se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento, en los términos del art. 336, inc. 2°, o subsidiariamente 3° del CPPN, en tanto la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo”, sostuvo.

“Como ya he expuesto públicamente asumí la total responsabilidad de lo ocurrido en la residencia de Olivos, ante cada uno de los ciudadanos de este país. Debo aclarar que sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, inició su planteo el mandatario.

Para argumentar que no existió delito, en su escrito, Alberto Fernández aseguró que “nunca fue motivo del encuentro propagar de ningún modo la pandemia que nos acosa y mucho menos poner en peligro la salud pública”.

Pese a que en las fotos y los videos difundidos se observa que no existió ningún tipo de distanciamiento, uso de barbijos y demás elementos protocolares, y que la reunión en sí misma consistía una violación al aislamiento decretado, el Presidente afirmó: “Es necesario aclarar que de ninguna manera se relajaron, evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor. Y que en ningún caso se concretó el contagio propio, de los presentes, o de terceros”.

En su presentación ante el juez, el Presidente reconoció la existencia de la norma penal, el artículo 205 del Código, que establece sanciones a quien violare medidas adoptadas por las autoridades para propagar una pandemia, y también recordó el decreto que impuso la cuarentena y que el mismo firmó.

Sin embargo, hizo una aclaración: “Tampoco escapa a mi entender que estamos frente a un delito de peligro abstracto, que como tal debe tener la potencialidad real de generar el peligro que prevé”, sostuvo y agregó, a continuación: “Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada”.

El artículo 205 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Según el mandatario, para que haya delito “se requiere un riesgo y en el caso se puede demostrar que ese riesgo no estuvo: en tanto no hubo afectación al bien jurídico “Salud Pública”.

En otras palabras, para el Alberto Fernández no habría delito en la violación de las medidas sanitarias a menos que esa actitud “haya traído como consecuencia la introducción o propagación de una epidemia, o el riesgo concreto que ello ocurra”.

Según el presidente, las imágenes y los videos difundidos de la fiesta reflejan un “momento excepcional” del encuentro: “Fuera de ese momento concreto se respetaron los protocolos controlados por el personal asignado a la quinta de Olivos. Fue un encuentro que jamás debió haber ocurrido, producto de la imprudencia, pero que en modo alguno puede constituir un delito”, agregó el mandatario.

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