Es para aplanar la curva de contagios de coronavirus. Habrá 37 actividades exceptuadas. La cuarentena estricta rige hasta el 17 de julio.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Chaco, el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén inician una cuarentena estricta con mayores restricciones al transporte público y controles en la circulación y en las actividades sociales. La medida es por la multiplicación de casos de coronavirus detectada en los últimos días. Sólo 37 actividades estarán permitidas.
En los últimos 20 días hubo un aumento acelerado de casos del 136,4%, un incremento del 95,6% de personas fallecidas y creció un 74% la cantidad de personas internadas en unidades de terapia intensiva por coronavirus.
La gran mayoría de esos casos se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, en 40 partidos bonaerenses (incluidos los 5 que conforman el AMBA junto a la Capital Federal), en la ciudad de Neuquén y sus alrededores y en el departamento rionegrino de General Roca.
La situación de Chaco, comprometida desde el inicio de la cuarentena en el área conocida como el Gran Chaco, está entre las prioridades del gobierno de Alberto Fernández, quien hoy acordó con el gobernador Jorge Capitanich el envío de médicos y de personal de las fuerzas de seguridad para asistir a la provincia durante la emergencia.
Además, el Estado nacional le dará volumen al plan Detectar y sostendrá el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los chaqueños.
Todos los departamentos de Chaco ingresarán en la misma etapa de intensificación de las restricciones que regirá también en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el departamento rionegrino de General Roca y la ciudad de Neuquén y sus alrededores.
En paralelo y con la expectativa de que la cuarentena estricta mejore la situación sanitaria de los lugares más comprometidos, el Gobierno nacional continúa con el diseño de un plan para la pospandemia.
Una de las patas de ese proyecto será combinar una ayuda económica universal con generación de propuestas de trabajo en los barrios populares y la urbanización -en un plazo de 10 años- de las 4.000 villas y asentamientos de todo el país, explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
