La iniciativa llegó al Congreso luego de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente. “Esa conducta deplorable agravia sin lugar a dudas la investidura presidencial”, advirtieron.
Los diputados del PRO, Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Ramón Bianchetti, Florencia de Sensi y Patricia Vazquez, presentaron un proyecto para que el exmandatario Alberto Fernández deje de cobrar beneficios previsionales, honores y tratamiento especial.
Los legisladores pidieron la modificación de la Ley 24.018, de Jubilaciones y Pensiones, que en su artículo primero hace referencia a, “el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”.
La diputada Silvana Giudici dijo que “la norma se ha fundamentado no solo en aspectos fácticos vinculados al desgaste propio y específico en las personas que se desempeñaron como cabeza de los poderes del Estado, sino que lleva implícito el reconocimiento de todo el pueblo argentino de la dignidad y honor propios de aquellas altas investiduras”.
“Es precisamente esa dignidad la que las altas autoridades deben observar durante el ejercicio del cargo, y la que define luego la posibilidad de acceder a los beneficios y honores una vez cumplida la función. Cuando esa dignidad se mancilla, tal como sucede en los casos de condenas por malversación de fondos, corrupción sistematizada o, por conductas impropias que revisten de falta de moral o comportamientos delictuales de sus beneficiarios, es necesario evaluar los privilegios otorgados en función de la condena a la que se arribe en ámbito judicial”, agregó.
Giudici también se refirió a las denuncias por violencia de género que la ex primera dama Fabiola Yañez hizo contra Fernández y destacó la evidencia que la Justicia logró en la causa que investiga el escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en beneficio de intermediarios y empresas privadas vinculadas al entorno presidencial.
La norma jubilatoria, sancionada en 1991, establece las “asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Los diputados entienden que las personas comprendidas en la ley de jubilaciones y pensiones, deberían quedar fuera de ese sistema especial cuando sean condenados por delitos cometidos mientras se encuentren en ejercicio de su función pública. Asimismo, se establece que en caso de tratarse de delitos por causa de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y particularmente delitos contra la integridad sexual, el beneficio cesará cuando estos tengan condena ratificada en segunda instancia.
Silvana Giudici y el resto de los diputados del PRO remarcaron que “la transparencia, la Justicia y la equidad deben ser los pilares sobre los cuales se construya cada decisión y acción”. “La integridad personal de los mandatarios, libre de corrupción y delitos penales, es esencial para mantener la confianza pública en las instituciones y asegurar la estabilidad política y económica del país. Cualquier conducta en contrario socava la confianza en el Gobierno y debilita las instituciones democráticas. Un Presidente o expresidente imputado, ya sea por corrupción u otros delitos de ese orden, no solo traiciona la confianza depositada por el pueblo, sino que también perpetúa ciclos de injusticia y desigualdad”, aseguró.
Los diputados proponen, además, el cese del otorgamiento de las consignas de seguridad establecidas por la Casa Militar, ya que los actos por los que lo condenaron fueron cometidos durante su gestión presidencial. La iniciativa será girada a las comisiones respectivas, entre otras la de Previsión Social.
