El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró además que 14 organizaciones sociales serán intimadas a pagar los 60 millones de pesos que costó el operativo de seguridad del miércoles 20 de diciembre.
El Gobierno nacional anunció que realizó una denuncia judicial por presunta «extorsión» y «defraudación al Estado» contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales «se podrían relacionar directamente» con esos delitos.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- entre los participantes de la jornada de protesta del pasado miércoles, que confluyó en Plaza de Mayo.
En ese marco, Adorni reveló que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada en la vía pública ese día ascendió a 60 millones de pesos y, en línea con lo afirmado el jueves, indicó que «esa factura se le pasará a los movimientos sociales» para que se hagan cargo de ese costo.
El portavoz precisó que en la marcha del pasado miércoles a la Plaza de Mayo, en el marco de la aplicación del protocolo de orden público, «se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas».
Y detalló que se trata del «Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa , el Movimiento Evita, la J William Cooke, el Movimiento MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, Frente de Organizaciones en Lucha, Torrres, el MTE, el Movimiento Patria Justa».
Minutos después de la conferencia de prensa, el ministerio de Seguridad publicó un informe sobre la implementación del protocolo en esa jornada, que este viernes vuelve a ponerse a prueba con nuevas manifestaciones de protesta en la ciudad de Buenos Aires, con asambleas, ollas populares y marchas por el centro porteño.
Según precisó el portavoz, las denuncias realizadas en los tribunales federales por el «delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales» recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en la fiscalía federal 11 a cargo de Gerardo Pollicita.
«El número total de denuncias que ha recibido la línea 134 fue de 16.150, de las cuales hay 1.200 que encuadraban dentro de la tipología señalada, o sea que se podría relacionar con aquel que cometía el delito de extorsión», explicó Adorni.
En el informe publicado por la cartera de Seguridad se detalla que, en las denuncias, los ciudadanos explican «los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones tales como pedido de dinero cada vez que cobran el plan» o «multas que llegan a los 8 mil pesos a quienes no concurren a los cortes de ruta convocados» y también «amenazas de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia a esos eventos».
«Se han listado hasta el momento 32 personas, entre las denunciadas al sistema 134, con nombre y apellido, que son los presuntos autores de los delitos descriptos», dice el informe y luego agrega que la «identificación de las personas que cortaron la vía pública en violación al artículo 194 del Código Penal» arrojó un resultado de 35 personas pero que «aún faltan verificar varias cámaras».
«Aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social» para informar a la cartera de Capital Humano, indica el informe publicado en las redes sociales de la cartera de Seguridad.
En tanto, Adorni explicó que «se dictó una resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo» y dijo que se «va a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto, que no le corresponde a la ciudadanía».
Para calcular el monto, Bullrich solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles.
Por medio de la resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a «determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales» llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público, aplicado por primera vez el miércoles durante la marcha de la Unidad Piquetera.
La resolución precisa que en la evaluación de los costos se deber tener en cuenta «las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo».
El protocolo antipiquetes se aplicó por primera vez el miércoles ante la marcha convocada por Unidad Piquetera a Plaza de Mayo y implementación fue calificada como un «éxito» por el gobierno.
Simultáneamente, se abrió un canal de denuncias por posibles extorsiones en torno a los planes sociales del Ministerio de Capital Humano que se puede hacer en forma anónima a través de la línea telefónica 134.
Precisamente, un chequeo y seguimiento de esos llamados derivó en la denuncia penal que formuló el Gobierno en los tribunales federales.
