El intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, el justicialista Fernando Gray, presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se disponga la inconstitucionalidad de una parte del DNU 70/23
En el marco de la audiencia convocada por el Gobierno de Javier Milei para avanzar con los aumentos de las tarifas de gas y luz, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, el justicialista Fernando Gray, presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se disponga la inconstitucionalidad del DNU 70/23 en el punto en el que se faculta a la Secretaría de Energía para definir el nuevo esquema de subsidios. No solo reclamó la suspensión de las audiencias, sino también la inconstitucionalidad de la ley de medidas cautelares.
Según el escrito de más de 50 páginas al que accedió Infobae y que fue presentado en el juzgado federal 3 de Lomas de Zamora, Gray sostuvo que la convocatoria a una audiencia virtual “resulta nula de nulidad absoluta e insanable”, y aseguró que se pretende “tratar en una misma audiencia pública dos servicios públicos, energía eléctrica y gas, cuando cada uno de ellos responde a marcos normativos diferentes, como así también a cuestiones operativas diferentes que hacen a la naturaleza fundamente de las tarifas y que afectan de manera diferente a cada uno de los usuarios”.
Este jueves, el Gobierno inició al proceso para modificar el esquema de subsidios en las tarifas de luz y gas desde mediados de año. Se busca establecer una Canasta Básica Energética (CBE), un parámetro de consumos mínimos necesarios para la subsistencia según el tipo de hogar, región, meses y tipo de suministro. Según esa propuesta, el consumo mínimo será lo que el Estado subsidiará a los usuarios residenciales a partir de mayo, cuando también comenzarán los aumentos de tarifas por inflación. La Secretaría detalló que durante 2023 los usuarios de electricidad pagaron solo el 45% del costo real de la tarifa. El resto fue cubierto por el Estado con subvenciones a partir de un aumento del déficit, el endeudamiento y la emisión monetaria. Esa política generó en los últimos años un gasto de USD 104.000 millones.
Mientras la audiencia se desarrollaba, el intendente Gray presentó su escrito en tribunales en donde no solo apuntó contra el fondo, sino la forma por la virtualidad de la audiencia. Un cuestionamiento similar había hecho en el marco del aumento de tarifas, al sostener que no estaba garantizada la opinión de la ciudadanía si no era con audiencia pública. Durante la feria judicial, el juez Ernesto Kreplak hizo lugar a su reclamo, pero luego, tras la apelación del Estado Nacional, la Cámara Federal de La Plata revocó esa cautelar.
Para Gray, la modalidad utilizada “veda la participación de quienes no cuenten con las herramientas tecnológicas adecuadas; amen de una ausencia total de información adecuada, fundamente en la quita de subsidios, que a la postre de manera encubierta ocasionará al usuario un aumento de las tarifas”.
También destacó que parte de los usuarios afectados son los que no tiene gas natural y son beneficiarios del programa Hogares con Garrafas, quienes dado el estado de vulnerabilidad socioeconómica en que se encuentran no tienen garantizado el acceso a medios electrónicos para asistir a esta audiencia cuyos resultados los afectará indefectiblemente.
