Fue mediante una resolución del Ministerio de Gobierno. Ahora, la normativa quedó firme para aplicarse en la determinación de los proyectos industriales y de vivienda.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires convalidó de manera definitiva el Código de Ordenamiento Territorial de Pilar (COT), que había sido sancionado en abril de este año por el Concejo Deliberante, a propuesta del intendente Federico Achával.
El nuevo COUTP divide el territorio en dos áreas, Urbana y Complementaria, y a cada una en distintas zonas, con usos e indicadores urbanos específicos, como densidad poblacional y altura máxima de las construcciones. La primera se divide en 10 zonas: Comercial Administrativo, Residencial 1, Residencial 2, Residencial 3, Residencial 4, Panamericana E, Panamericana 1, Panamericana 1 A, Panamericana 1 B y Subcentro Barrial.
El área Complementaria, en tanto, se subdivide en 9 zonas: Residencial 1, Residencial 2, Residencial 3, Residencial 4, Club De Campo, Producción Intensiva, Zona Mixta Industrial, Industrial Exclusivo Logística e Industria Exclusiva.
Una de las novedades del proyecto es el establecimiento del Distrito de Preservación y Recuperación del
Patrimonio Ambiental y Educativo, una disposición particular de las zonas que define como “áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental”.
El proyecto creó un Fondo de Desarrollo Urbano y un Banco de Tierras con el objetivo de generar nuevas áreas urbanas en el distrito, tanto a través de loteos municipales como de programas de mejoramiento barrial. En todos los casos, contempla la ejecución de redes de infraestructura de servicios y de equipamiento urbano.
Este aspecto constituye una novedad en el distrito, que no tenía hasta ahora planes para el acceso a lotes con servicios, un bien escaso.
Para eso, el nuevo COUTP se nutre de la ley provincial de Acceso Justo al Hábitat, que obliga a los desarrolladores urbanos privados a ceder tierras al municipio.