La Agencia Municipal de Transporte, que tendrá a su cargo la planificación, fiscalización, coordinación, promoción y desarrollo del transporte público de pasajeros y de carga, ejerciendo el enlace entre los diferentes actores privados, los usuarios y la administración municipal.
La Agencia surge a través de un decreto del Ejecutivo, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el servicio y otorgarle a la Municipalidad la facultad de intervenir en los estudios de costos, determinación de tarifas y concesiones de los servicios públicos locales de transporte. De esta manera, se licitarán las 12 líneas locales de colectivo para que las empresas actuales se readecúen a las nuevas condiciones generales que rigen el sector y al nuevo marco regulatorio que se implementará de acuerdo a las demandas actuales: más y mejores unidades equipadas con cámaras de seguridad y GPS, entre otros.
La licitación es abierta así que también podrán sumarse nuevos actores. Otra medida importante que se buscará desde la Agencia será la construcción de una nueva terminal, cuyos plazos de realización dependen de las distintas instancias de licitación y de los estudios pertinentes en el predio elegido, ya que la idea es contemplar también a los micros de larga distancia.
“Esta iniciativa es para proteger a los vecinos, que son los principales perjudicados, porque su rutina se ve alterada por las demoras constantes de los colectivos y por los cambios de recorridos, que generan llegadas tarde a los trabajos, a la escuela para llevar a los hijos y a las distintas actividades de la vida cotidiana. Además, queremos controlar que las empresas inviertan porque, si no lo hacen, empeoran las condiciones de seguridad y se pone en riesgo la integridad de los pasajeros”, explicó Sujarchuk.
Actualmente la situación general que atraviesan las líneas de transporte comunales es crítica y afecta a más de 28 mil personas que utilizan diariamente el servicio. Así lo consigna el proyecto de emergencia que fue aprobado en el Concejo Deliberante: “Gran parte de los servicios existentes se han declarado en situación de emergencia y se encuentran concesionados a título precario y provisorio, con plazos de duración próximos a su vencimiento. Dicha precariedad, atenta contra la calidad de los servicios, y la seguridad jurídica que debe tener toda concesión de servicio público a los efectos de efectuar las inversiones requeridas”.
