Sebastián Nasif, el hombre elegido por Gabriel Sánchez Zinny en 2017 al frente de la dependencia escolar de Moreno, quedó comprometido. La fiscal lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El exinterventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, fue citado a indagatoria, en el marco de lo causa que investiga las muertes en la Escuela Nº 29 de Moreno, de la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez por una explosión de gas.
La fiscal Gabriela Urrutia, a cargo de la investigación, lo acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público. Nasif renunció la semana pasada, una semana después de la tragedia que puso en foco la situación edilicia de las escuelas en la Provincia.
Nasif presentó el 10 de agosto su renuncia con carácter «indeclinable» como «avocador» del Consejo Escolar de Moreno. Señaló que buscaba así «calmar los ánimos de la comunidad».
En la misiva, aseguró que pidió protección en la Fiscalía para su familia «debido a las constantes amenazas» que recibió tanto él como su esposa y sus hijos. Y, por ese motivo, explicó,»no puedo seguir con adelante con la tarea encomendada».
Aseguró que, con la medida, buscaba darle la oportunidad a María Eugenia Vidal y Sánchez Zinny la responsabilidad de «restablecer el orden y la calma en el distrito».
Nasif había asumido a cargo de la intervención del Consejo Escolar de Moreno el 27 de octubre de 2017, por decisión del director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny. La Provincia había detectado irregularidades en la administración de fondos
El Consejo Escolar es el organismo que debe velar por la seguridad y la infraestructura de los establecimientos educativos en cada distrito y está integrado por representantes de las distintas fuerzas políticas, elegidos en elecciones generales.
Con Nasif al frente, la tragedia apuntó directamente a su rol y al de la Provincia de Buenos Aires, de quien dependía. De ahí es que los gremios docentes y la oposición cargan contra la responsabilidad de la Provincia.
Esta semana, por otro lado, se detuvo al gasista Chistian Ricobene, que había revisado las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 49 un día antes de las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez por una explosión de gas.
El gasista está acusado de homicidio culposo agravado. Según consta en el Código Penal, puede recibir, en caso de condena, una pena de hasta 5 años de prisión e inhabilitación especial de entre 5 y 10 años.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía General del Departamento de Moreno posterior al hecho, «la explosión tuvo su génesis en un escape de gas producido en la ‘salita de cambio de funciones'» y confirmó que el miércoles un gasista matriculado se presentó en la escuela «a revisar las instalaciones».
