El intendente Julio Zamora recibió en su despacho al Fiscal General Adjunto a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Jorge Cevasco. El acuerdo busca promover el real acceso a la justicia de los ciudadanos, respetando su integridad física y mental.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió al Fiscal General Adjunto a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A), Luis Jorge Cevasco, con quien firmó un convenio para generar más oportunidades a las personas con discapacidad. Dicho acuerdo tiene el objetivo de diseñar políticas conjuntas tendientes a promover el real acceso a la justicia para las personas con discapacidad, respetando su integridad física y mental.
“Mediante este convenio fortalecemos el compromiso asumido por el Municipio en materia de inclusión social e igualdad de oportunidades. Por medio de este acuerdo, llevaremos adelante nuevas acciones con el fin de visibilizar problemáticas de la población y sus necesidades en el mundo actual, y con ello dar respuestas concretas para su correcta integración en la comunidad”, señaló el jefe comunal.
El Municipio y la institución judicial acordaron cooperar con las actividades sociales que se organicen tendientes a erradicar estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad, como campañas de sensibilización y concientización pública. A su vez, se comprometen a impulsar acciones conjuntas de promoción y difusión dirigidas a la comunidad, a los efectos de generar conciencia en materia de discapacidad, fomentando el respeto de los derechos y la dignidad humana.
La dirección General de Discapacidad y Políticas Inclusivas del Municipio, y el titular del Área de Inclusión laboral y Accesibilidad para personas con Discapacidad del Ministerio, tendrán a su cargo la gestión de dichas acciones.
Ambas partes ya se encuentran organizando una capacitación para el mes de octubre, en donde el Ministerio Público Fiscal contará su experiencia en los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan tener pleno acceso a la justicia. Esto implica que se puedan adaptar contenidos; citaciones judiciales y asistencia a la víctima con discapacidad –por ejemplo, incluir material en braille e intérpretes de lengua de señas–.
Cabe destacar que el convenio también prevé capacitaciones por parte del Ministerio Público Fiscal a abogados y personal de la Justicia local, con el fin de brindar herramientas concretas para llevar adelante situaciones judiciales complejas.
