La reglamentación de la reforma laboral y el conflicto por Aerolíneas Argentinas continuó degradando en estos días el vínculo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá el próximo lunes en su despacho de la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT, a fin de aplacar la tensión entre el gobierno de Javier Milei y el sindicalismo.
La reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases y el conflicto por Aerolíneas Argentinas profundizó en los últimos días el vínculo de la gestión libertaria con la CGT, luego de que meses atrás la central se retirara del diálogo social que promueve el oficialismo.
Francos se reunirá el lunes próximo a las 17 con referentes de la central obrera en un encuentro a «agenda abierta», según supo la Agencia Noticias Argentinas, aunque era poco probable que vaya el cotitular Pablo Moyano, del sector cegetista más opositor, quien viene sosteniendo que no va a dialogar con este gobierno.
Se espera que concurran los otros dos cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales) y Argentino Geneiro (gastronómicos).
Un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que conformen tanto a los trabajadores como a las empresas forman parte de la reglamentación de la reforma laboral que dio conocer el Gobierno el miércoles por la noche.
A pesar de lo complicado que está la relación, en los últimos días hubo un gesto del Gobierno a los gremios, cuando en el Congreso evitó sorpresivamente avanzar con un proyecto sobre democracia sindical.
El mismo propone eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para «democratizar las obras sociales».
