En Casa Rosada aseguran que aún no están las voluntades necesarias, pero trabajan en conquistarlas. Aseguran que se trata de un reclamo legítimo, y redireccionan la mira al plantear que el «problema es con el Congreso».
A horas de la marcha universitaria por mejoras salariales, en el Gobierno nacional admiten que se trata de un reclamo legítimo, pero argumentan no tener los fondos para sustentarlo, por lo que avanzarán con la voluntad de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que aún no estén los votos para respaldarlo.
“El problema no es con las universidades, es con el Congreso”, planteó una alta fuente libertaria que direccionó los dardos contra los diputados opositores por votar proyectos “sin sustento financiero”.
En el Poder Ejecutivo se esperanza con volver a contar con el respaldo de los 87 “héroes” que hasta el momento se mantienen en silencio, si la oposición insiste con la ley, y descansan en la muñeca del titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, dedicado a la tarea de sumar voluntades que no aparecen.
Enciende las alarmas la actitud del PRO que, pese al asado en la quinta de Olivos y las continuas mesas de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo y legisladores de La Libertad Avanza, no ha expresado su compromiso de acompañar la decisión del presidente Javier Milei como sucedió con la actualización de jubilaciones.
“Confiamos en que el PRO pueda actuar orgánicamente. Tanto el presidente del partido como el jefe de bloque”, revelaron ante esta agencia fuentes legislativas en alusión al expresidente Mauricio Macri y a Cristian Ritondo.
En Balcarce 50 piensan igual: “Si no apoya el PRO sería un acto de mezquindad fuerte. El Presidente se hizo presidente votando cosas impopulares”, se jactaron en la previa a la masiva protesta que tendrá lugar esta tarde en las inmediaciones del Congreso.
Desde el partido amarrillo aclaran que continúan debatiendo la posición, y adelantan que “hasta que no haya veto no harán pública su decisión”. Lo cierto es que el mandatario tiene en mente publicar el rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario -que afectaría tan solo al 0,14% del PBI- en el Boletín Oficial del jueves, para evitar cualquier lectura política de su determinación.
“No queríamos hacer nada que pareciera que buscábamos incentivar un conflicto”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada respecto a la decisión de avanzar con el veto sobre la fecha limite, una vez cumplidos los 10 días hábiles desde que el proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo.
Para Milei, el equilibrio fiscal es innegociable, y si bien desde su entorno admiten que se trata de un reclamo legítimo, plantean que la actualización de los fondos debe discutirse en el Congreso, en el marco del debate del Presupuesto 2025.
En la mesa chica libertaria se anticipan a todos los escenarios y la posibilidad de rechazo del veto es una opción de no conseguir los votos necesarios. “La plata de algún lado tendrá que salir», vaticinan en caso de que el Congreso le de la espalda a la voluntad del jefe de Estado.
Entre las opciones, se evalúa profundizar el recorte de la ya afectada obra pública, y avanzar en un escenario de judicialización para apelar la decisión. “Si la política considera que hay que desfinanciar la Salud, Defensa, Justicia está bien, pero que lo aclaren”, planteó un importante funcionario al respecto.
El programa libertario se inclina por un sistema de “educación privada» y «no estatal”, pero hay plena consciencia de las “restricciones constitucionales” que eso implicaría. Como primera parada, el Gobierno deberá hacer frente a una nueva movilización que promete ser masiva y salir airosos.
