El oficialismo delinea un plan de acción para apelar una eventual resolución negativa. La polémica por la interpretación de una normativa y en qué caso tendría que intervernir el máximo tribunal.
Tras el anuncio del rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires Ricardo Gelpi sobre la decisión de ir a la Justicia para evitar que la Sindicatura General de la Nación realice una auditoría sobre esa casa de estudios, en el Gobierno ya analizan escenarios y trabajan en un eventual plan de acción para continuar adelante con la medida.
En la Casa Rosada están decididos a apelar cualquier fallo judicial que frene la auditoría sobre la UBA y se mantienen firmes en recurrir a la Ley de Administración Financiera para sostener que es correcto que la SIGEN audite los gastos de la UBA, pese a que la normativa 24.521 establece que las universidades nacionales tienen autarquía económica-financiera.
“Si la Justicia entiende que hay causa, es decir, hace lugar al reclamo de la UBA, vamos a contestar la demanda. El sistema de la ley de administración financiera establece el régimen de control: donde hay un peso del Estado, debe haber controles”, aseguran fuentes de la Procuración del Tesoro que conduce Rodolfo Barra, el abogado del Estado.
De una ley financiera a la Corte: la estrategia del Gobierno para avanzar con la auditoría de la UBA
En rigor, se trata de una cuestión de interpretación de la Ley 24.156, ya que para la UBA el artículo 98 deja en claro que la SIGEN solo puede controlar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y sus dependencias. “Las universidades son autónomas y no dependen del PEN, por lo tanto, no tiene competencias para controlarlas”, dice el comunicado de la UBA.
Para el Gobierno, esa misma ley y artículo establecen que la SIGEN no solo puede controlar a las jurisdicciones del PEN “sino a los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”. En este sentido, en la Casa Rosada aseguran que “la UBA funciona con fondos del Tesoro Nacional, que deben ser controlados”. Una alta fuente no descartó incluso llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Hasta tanto la Justicia se expida sobre si corresponde hacer o no lugar al planteo de la UBA, la SIGEN avanzará con la auditoría y eventualmente podría plantear una medida cautelar para no detener la marcha del análisis. El lunes autoridades del organismo de control que conduce Miguel Blanco notificaron de manera presencial a las autoridades de la universidad sobre el inicio de la auditoría. Ya lo habían hecho a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y por correo electrónico, pero no habían tenido respuesta.
En el Gobierno entienden que pese a que la UBA es auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN) esos controles no son suficientes. “Esos análisis son esporádicos, no sostenidos en el tiempo”, se quejaron en el Gobierno. Para la UBA, sin embargo, esa revisión es suficiente y el intento del gobierno de auditar sus gastos es una virtual “intervención”.
Las auditorías de la SIGEN tienen como objetivo detectar debilidades y flaquezas en los procesos administrativos de todos aquellos organismos que reciban o funcionen con fondos públicos y es por eso que el foco del análisis estará puesto en las cuentas de las universidades y en los miles millones que las casas de estudio reciben del Tesoro Nacional.
Cada partida se envió con un objetivo específico, por lo que se analizará si el dinero se utilizó correctamente. En la SIGEN ya se trabaja en la designación del equipo de auditores que se encargará de la revisión de los gastos de la UBA. De hecho, días atrás el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, había dicho que el lunes se le enviaría al rector de la UBA Ricardo Gelpi una carta para que designe un contacto asignado y se comience a planificar el proceso de control.
Se pudo saber que desde la SIGEN requerirán que la UBA entregue documentación vinculada a la transferencia de fondos del Estado, cada uno de los convenios firmados, la rendición de cuentas de cada gasto con la documentación respaldatoria, la nómina de gastos corrientes y de capital, es decir, todas las inversiones realizadas. En este punto se pondrá particular énfasis en la revisión de las compras de materiales y la contratación de servicios como limpieza, jardinería y mantenimiento en general.
