Así lo resolvió este viernes la Justicia nacional a través de un fallo al que tuvo acceso Infobae. Los detalles del escrito
La Cámara Civil de la Nación decidió a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declarando nula la Resolución 793/2024 emitida por la Inspección General de Justicia que invalidaba la asamblea general de la AFA en la que fue reelecto como presidente de forma anticipada Claudio “Chiqui” Tapia. La medida implica un golpe a Mauricio Macri, aliado de la gestión de Javier Milei —con interés en el impulso de las SAD en Argentina
Vale recordar que existe una disputa en torno a la política de las SAD, luego que el fundador del PRO consiguiera como aliado en esa cruzada al presidente Javier Milei, con la asistencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hasta ahora, Tapia resistió la ofensiva y logró judicializar el apartado en cuestión del mega DNU, con un fallo favorable para bloquear el cambio del estatus jurídico de las instituciones deportivas.
La resolución de la IGJ, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, había determinado “declarar la irregularidad e ineficacia total a los efectos administrativos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la AFA para el 17 de octubre”. El organismo de control solo permitía que ese día se aprueben el balance y los libros, pero le ordenaba abstenerse de avanzar con otra definición, tras tomar posición frente a un pedido de suspensión que presentó el Club Talleres de Córdoba.
La IGJ había justificado su decisión inicial alegando que la asamblea se convocó de manera extemporánea y sin respetar normas estatutarias, por la denuncia del Club Atlético Talleres. Sin embargo, la AFA argumentó que su convocatoria no violó estatutos y que la asamblea procedió con los estatutos vigentes, puntos que la Cámara consideró válidos.
“No puede dudarse entonces de su carácter y, en particular, de la eficacia del acto asambleario que celebrado en el lugar, fecha y hora convocada, pues por unanimidad se aprobó la moción al punto uno del orden día ‘Considerando que la Asamblea fue convocada según lo dispuesto en los Estatutos, mociono para que se apruebe este Punto Primero del Orden del Día’; inclusive contó con el voto afirmativo del delegado representante del Club Talleres de Córdoba quien en su denuncia no sólo pretendía la suspensión del acto sino la declaración de ineficacia de su convocatoria. Extremo, que dicho sea de paso tampoco fue observado por la IGJ”, señalaron los magistrados.
El tribunal concluyó que la IGJ no había proporcionado argumentos sustanciales. Además, determinó que la falta de consulta previa y la exclusión del derecho de defensa en el proceso administrativo habían viciado de nulidad la resolución.
La audiencia de la asamblea del 17 de octubre se realizó sin contratiempos, siendo fiscalizada por la IGJ y participando delegados, incluidos los del Club Talleres, quienes expresaron sus argumentos y votaciones. La Cámara Civil resaltó que ningún delegado de la asamblea expresó sentirse afectado por la convocatoria.
La decisión del tribunal confirma la legitimidad de la asamblea y de las elecciones de autoridades, subrayando que la IGJ no puede intervenir arbitrariamente en la vida interna de las asociaciones civiles, según la ley vigente.
Para la Justicia, según se lee en el escrito, la impugnación de la IGJ “adolece de razonabilidad y motivación pues las razones en que presuntamente intenta darle sustento resultan meramente aparentes ya que no sólo la convocatoria al acto asambleario no emerge -según sus propios antecedentes- como violatoria del estatuto sino que, menos aún, se advierte contrario o lesivo de los derechos de los asociados. No sólo eso, sino que a partir de la inobservancia de brindar oportunidad a la entidad a ejercer su derecho de defensa, se concluye en la ilegitimidad de la resolución impugnada”.
“Cabe recordar que las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas al contralor permanente de la autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 174 del CCyC. La autoridad competente, entonces, tiene la función de contralor de la actividad de la asociación durante toda su vida. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicha autoridad es la Inspección General de Justicia, cuyas funciones en materia de asociaciones civiles están establecidas en el art. 10 de la ley 22.315″, explica el escrito y a continuación completa: “La razón de ser de ese control radica en la necesidad de asegurar la transparencia de los actos de los órganos societarios; que las actividades estén dirigidas a cumplir el objeto asociacional, así como garantizar los derechos de los asociados (por ejemplo, participar en las asambleas, en la administración, intervenir en el gobierno, elegir los miembros que dirijan la entidad, ser elegidos). Pero el organismo de control no puede interferir en la vida interna de la entidad: su límite es velar por el cumplimiento de la ley, según lo prescribe la ley orgánica (conf. ALTERINI, Jorge H., “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exégetico”, T° I, págs. 1142/1143, Ed. La Ley) (conf. CNCiv.Sala J, “C. DE G. Y E. DE B. A. c/ I.G.J. 351280/9213010 s/RECURSO DIRECTO A CAMARA”, del 8/4/c2022)”.
