Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Bruglia, Llorens y Bertuzzi. Rechazaron que se archive una causa por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de la expresidenta.
La Justicia vuelve a darle otro revés a la expresidenta Cristina Kirchner. En este caso, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ordenó volver a investigar el patrimonio de la líder de Unión por la Patria en una causa por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.
La Cámara desestimó el archivo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la expresidenta y ordenó que se realice un peritaje contable del patrimonio. El expediente había sido archivado por el juez Julián Ercolini, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
“La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas. Se trata de dos aristas de una misma maniobra, las omisiones o irregularidades en la exteriorización de un patrimonio, cuyo incremento apreciable e injustificado se pretende ocultar”, expresó el fallo de Cámara.
El tribunal determinó “revocar la decisión del 5 de junio pasado en todo cuanto ha sido materia de recurso, debiendo el magistrado de grado ordenar la realización de un peritaje contable, estableciendo los puntos de pericia que estime pertinentes”.
Las inconsistencias datan de entre 2010 y 2014. El fiscal Pollicita había decidido archivar la causa, aunque la Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso y los camaristas ratificaron la decisión de continuar con la investigación. La fiscalía explicó que los plazos fijos informados por las entidades financieras coincidía con la información presentada por la exvicepresidenta.
Clarín precisó que “los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens al analizar el caso explicaron que no se analizó el presunto delito de enriquecimiento ilícito, porque no fue lo que la UIF apeló en su rol de querellante”.
