Legislatura bonaerense: una por una, las leyes que Kicillof impulsará ante la Asamblea Legislativa

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ultima los detalles para la apertura de la Asamblea Legislativa y la primera sesión del año. Todo lo que se viene acá.

Luego del encuentro con sus diputados y senadores donde el planteo central fue mejorar la coordinación entre el Ejecutivo provincial y los bloques parlamentarios, el gobernador Axel Kicillof se enfocará en pulir el mensaje que dará ante la Asamblea Legislativa el próximo miércoles 2 de marzo, donde marcará las prioridades de gestión y las leyes que enviará a los recintos durante el 2022.

Es que, las dos reuniones por separadas que encabezó el primer mandatario bonaerense, primero con senadores y luego con diputados en La Plata, sirvieron para escuchar las inquietudes de los referentes parlamentarios, para detallar las líneas de Gobierno próximas a lanzarse y para acordar la necesidad de tener una comunicación fluida.

Para subsanar esos recurrentes desencuentros, Kicillof propuso poner a disposición un “drive” al que puedan acceder todos los diputados y senadores para conocer los detalles de los proyectos que el Poder Ejecutivo gira a la Legislatura bonaerense, y también sugirió terminar con “las agendas sorpresas”.

Luego de los planteos de los bloques del Frente de Todos, durante el cónclave en el Salón Dorado de la Gobernación se abordaron las prioridades en materia de leyes a tratarse en las primeras sesiones ordinarias del año, que arrancarán el 10 de marzo en la Cámara de Diputados, algunos días después de la apertura de la Asamblea Legislativa del miércoles que viene.

Entre las iniciativas ponderadas por Kicillof para ser tratadas durante 2022 se destacan los cambios en el Instituto Biológico, para que pase a ser una sociedad del Estado, la modificación de la ley 15.008 del régimen jubilatorio del Bapro, que busca devolverle el 82% móvil a los jubilados de esa entidad, y la ley de emergencia económica y tarifaria para empresas recuperadas.

Además, en el listado de proyectos que tiene previsto girar Kicillof al parlamento se encuentra la adhesión de la Legislatura bonaerense al nuevo Consenso Fiscal rubricado por el presidente de la Nación Alberto Fernández en diciembre pasado y otra iniciativa que apunta a regular la gestión integral de los residuos especiales y envases en toda la provincia, para ser reciclados.

Traspaso del Instituto Biológico a sociedad de Estado

A fines de septiembre del 2021, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, presentó un proyecto para transformar el Instituto Biológico de La Plata en una sociedad de Estado, lo que demandaría una inversión de $8.680.602.060 para la construcción y equipamiento de un nuevo polo productivo, científico y tecnológico, que reactive la producción pública de medicamentos y vacunas.

Sin embargo, para los casi 300 trabajadores de la salud del Instituto Biológico podría desencadenar en la pérdida de puestos laborales y de muchas funciones sociales que por estas horas lleva adelante el organismo provincial.

Durante noviembre, legisladores del Frente de Todos modificaron varios puntos de la redacción original del proyecto de transformación del Instituto Biológico en la Comisión de Minería e Industria de la Cámara de Diputados bonaerense, pero no lograron contener la angustia de los trabajadores y las presiones que nacieron desde la oposición.

Los cambios al proyecto original se centraron en algunos agregados de texto a los artículos 12, 25, 26 y 27. En el artículo 25 se deja en claro que los trabajadores del Instituto Biológico que rechacen pertenecer a la sociedad del Estado serán reubicados en “idénticas condiciones laborales, previsionales y sindicales”.

Por otra parte, en el artículo 26 especifica que los trabajadores del Instituto Biológico que se sumen a la nueva sociedad pero no hayan manifestado su acogimiento al nuevo régimen laboral “conservarán las condiciones laborales, previsionales y sindicales de la Ley 10.430”.

Modificación del régimen jubilatorio del Bapro
El gobernador bonaerense Axel Kicillof ingresó en julio del año pasado en la Cámara de Diputados un proyecto para derogar la ley 15.008 sancionada en diciembre de 2017, que estableció la modificación al régimen jubilatorio del Bapro en detrimento de los trabajadores.

La reforma, considerada por el gremio de La Bancaria como inconstitucional, tuvo numerosas presentaciones en la Justicia e incluso un fallo en contra por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En su momento, los trabajadores del sector denunciaron que en el artículo 41 de la mencionada ley, que implementó un nuevo sistema de actualización de los haberes, terminó “desvinculándolos con el 82% del sueldo de los activos“. En la actualidad, el haber inicial ronda el 70%.

En el proyecto del Ejecutivo bonaerense, se establece que el “haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio”.

La iniciativa, es el resultado de una mesa de diálogo convocada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y llevada a cabo por las asociaciones que representan a las personas jubiladas, la Asociación Bancaria, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo.

Emergencia económica y tarifaria para empresas recuperadas

A fin de año y tras casi años de un parate económico por la pandemia de Covid, el gobernador Axel Kicillof ingresó otro proyecto de ley para declarar la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por “su naturaleza jurídica de cooperativas de trabajo”.

Kicillof propone con la emergencia económica y tarifaria para empresas recuperadas suspender “la ejecución de sentencias de desalojo durante la vigencia de la emergencia declarada, paralizando todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias que tengan por finalidad ordenar y/o ejecutar el desalojo de empresas recuperadas”.

Consenso Fiscal

El gobernador Axel Kicillof envió el 19 de enero a la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de adhesión Consenso Fiscal rubricado con el Gobierno nacional y la totalidad de las 23 provincias a fines de diciembre pasado.

En la nota que ingresó a través de la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, el mandatario advirtió sobre “la necesidad de articular entre todas las jurisdicciones de avanzar con una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, el crecimiento económico y generación de empleo”.

El nuevo Consenso Fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

Además, el acuerdo contiene un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera sólo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.

Vale destacar, que el Consenso Fiscal es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.

Gestión integral de residuos para reciclado

Se trata de otra de las iniciativas del Gobierno bonaerense que busca regular la gestión integral de los residuos especiales y envases en toda la provincia de Buenos Aires, materiales que podrían destinarse al reciclaje.

Según informó el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el objetivo es coordinar un circuito de gestión reciclable para los restos que se generan en todo el territorio bonaerense.

En específico, la propuesta establece la “responsabilidad extendida del productor” en la gestión, tratamiento y disposición final de más de 7.000 toneladas diarias de residuos en la provincia de Buenos Aires.

De ser aprobada, la norma establecerá las responsabilidades de productores, envasadores, fabricantes, ensambladores, importadores y todo aquel que coloque por primera vez un producto en el mercado bonaerense.

La medida se logrará a través de la regulación de la gestión de los “Residuos Especiales de Generación Universal” (REGU), envases, embalajes y otros restos reciclables, cuya generación provenga del consumo masivo.

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