El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials desestimó el planteo del legislador del PRO, luego de la jugada de Cristina Kirchner para designar a un camporista en el organismo judicial.
El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials rechazó el amparo que presentó el senador del PRO Luis Juez, luego de que Cristina Kirchner designara a un camporista y lo dejara afuera del Consejo de la Magistratura.
El 19 de abril pasado, por orden de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, el bloque del Frente de Todos se dividió en el Senado para, de esta forma, convertir a uno de los bloques en “segunda minoría”, y quitarle así la posibilidad al PRO de llevarse el representante para el organismo encargado de elegir y sancionar a los jueces. Cristina Kirchner nombró al kirchnerista Martín Doñate.
Luego de la maniobra, el senador nacional por Córdoba Luis Juez y el titular del bloque del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, presentaron un amparo en la Justicia, que ahora rechazó el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials y el fiscal Edgardo Tobías Acuña.
El magistrado consideró que “admitir el planteo de los amparistas, implicaría adentrarse respecto de la valoración de la subjetividad de la partición del Bloque “Frente de Todos”, todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes, poniéndose en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal– el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos”.
“La misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, pues al ser el poder llamado a sostener la vigencia de la Constitución, un avance en desmedro de las facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional”, agrega el fallo.
En otras palabras, el juez y el fiscal consideraron que juzgar la validez o invalidez de la maniobra del Frente de Todos en la Cámara Alta supondría una intromisión indebida del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo.
