Alberto Fernández contestó la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el lunes. El Presidente dijo que allí hizo referencia «a la existencia de una ‘persecución judicial y mediática’ contra la vicepresidenta».
El presidente Alberto Fernández afirmó que «el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática», al contestar la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el miércoles.
Casal había considerado una «perturbación» las expresiones que el jefe de Estado formuló sobre la actuación del fiscal Diego Luciani en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En una misiva, Fernández se dirigió a Casal, procurador interino, y señaló que en aquella entrevista hizo referencia «a la existencia de una ‘persecución judicial y mediática’ contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».
«Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso», aclaró el Presidente.
«Me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas», remarcó Fernández.
Para el mandatario, «lejos de importar un ‘menoscabo’ a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso», sus declaraciones «constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a argentinos y argentinas».
