La magistrada justificó su decisión en las críticas de la Vicepresidenta, que cuestionó su imparcialidad y pidió que la aparten de la causa. También explicó que busca evitar que las medidas que se tomen sean impugnadas.
De manera inesperada, la jueza María Eugenia Capuchetti derivó la investigación del atentado contra Cristina Kirchner en la fiscalía de Carlos Rívolo, luego de que la Vicepresidenta cuestionara su imparcialidad y pidiera a la Cámara Federal que la aparten de la causa.
La magistrada justificó su decisión basándose en las críticas que recibió por parte de la expresidenta y explicó que busca evitar que las medidas que se tomen en un futuro sean impugnadas.
“No puedo soslayar que mi imparcialidad como directora del proceso fue oportunamente puesta en tela de juicio por la misma querella”, señaló
Capuchetti, quien luego hizo hincapié en el pedido de recusación que hizo Cristina Kirchner ante la Cámara Federal la semana pasada.
La magistrada expresó: “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”. Por eso tomó la decisión de delegarle la investigación al fiscal Carlos Rívolo.
Esta delegación implica que el fiscal llevará adelante las medidas para la investigación y solo debe recurrir a la jueza para que autorice determinadas medidas que avancen sobre los imputados, como allanamientos, detenciones o intervenciones telefónicas. Rívolo podrá tomar declaraciones testimoniales, pedir informes y recoger evidencias sin necesidad de un autorización de Capuchetti.
“En caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad) puede avanzar en la elevación a juicio del caso”, dijo la magistrada sobre el fiscal.
La jueza aclaró que la decisión que tomó no implica desoír la directiva de la Cámara Federal para que eleve el caso a juicio con los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Este último es el supuesto líder de “La banda de los copitos” que la Vicepresidenta quiere acusar de ser coautor del crimen, pero que en la causa es considerado como partícipe secundario.
“La tesitura asumida en pos de una mejor administración de justicia y mayor celeridad del proceso en nada se contrapunta con los lineamientos de la alzada”, escribió Capuchetti.
