El titular del Palacio de Hacienda explicó que esa corrección será gradual «a razón, aproximadamente, de un tercio por año» del total de los dos puntos del PBI que se destinan hoy a ese fin en un proceso que se extendería hasta diciembre de 2026.
El Gobierno planea una corrección paulatina de los subsidios a la energía y al transporte público de pasajeros que demandará tres años, en los que se aplicará una reducción equivalente a dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI) con un «cambio de enfoque» que atenderá la demanda en vez de la oferta, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.
«Los subsidios hoy, tanto de energía como de transporte, son dos puntos de producto», dijo Caputo en declaraciones al canal de cable La Nación+, en las que también aclaró que ese porcentaje es equivalente a US$ 10.000 millones.
El titular del Palacio de Hacienda explicó que esa corrección será gradual «a razón, aproximadamente, de un tercio por año» de ese total de 2 puntos del producto, en un proceso que se extendería hasta diciembre de 2026.
«Entonces, hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte», añadió, en lo que representaría, tomando los valores que el propio ministro expuso, un recorte de subsidios de cerca de US$ 2.500 millones anuales en energía (incluyendo electricidad y gas natural) y US$ 1.000 millones en transporte.
«Cambio de enfoque»
El «cambio de enfoque» anunciado por Caputo apunta a dejar de concentrar los subsidios en las empresas prestadoras de los servicios y dárselos a los usuarios, a los efectos de poder diferenciarlos según su capacidad económica.
Ese aspecto fue puesto de manifiesto la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, para quien «es absolutamente injusto» que por un lado haya una discriminación con el Interior, donde «hoy hay gente que paga mucho más de lo que se paga en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y, por el otro, no se hagan distinciones entre usuarios socialmente vulnerable y otros de alto poder adquisitivo.
«Si yo salgo de Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando mi parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar», puso como ejemplo en una conferencia de prensa.
En parte, ese cambio de paradigma comenzó a diseñarse a mediados del año pasado con la segmentación tarifaria del sector eléctrico, al establecer que los usuarios del Nivel 3 (consumos medios) tienen valores subsidiados hasta una demanda mensual de 400 kwh, pero que pagan la tarifa plena por los consumos que excedan ese tope.
En cuanto al transporte público, tanto en colectivos como en ferrocarriles, la identificación de los usuarios a través de la tarjeta SUBE podría facilitar esa política si se avanza en un entrecruzamiento de datos, pero se corre el riesgo que usuarios de alto poder adquisitivo utilicen plásticos de personas de menores recursos económicos.
El grueso de los subsidios a sectores económicos se concentra en el sector energético y, dentro de él, las mayores transferencias se derivan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que distribuye las asistencias entre las compañías generadoras de energía eléctrica.
En cuanto a los subsidios al transporte, la mayor parte van a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), razón por la que las tarifas del autotransporte de pasajeros en esa región son notoriamente menores a la del resto del país y suelen generar reclamos de varias provincias.
Al respecto, según datos del el Ministerio de Transporte relevados por la consultora Politikon Chaco, entre enero y septiembre de este año, considerando solamente los fondos en concepto de Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias, el total distribuido alcanza los $ 284.027 millones, de los que el 79,6% fueron al AMBA.
Ese porcentaje supera al 77% que obtuvo la región en el mismo período de 2022 y, según la consultora, «agrava la situación de desproporcionalidad que reclaman las provincias» que en el mismo período pasaron de una participación del 23% al 20,4%.
Desde esa perspectiva, Caputo consideró que «los subsidios no son tales» sino que en definitiva «son también usos de los recursos públicos para hacer política, un perjuicio para los que menos tienen».
Por ese motivo, remarcó que en la reducción de subsidios, a partir de reconocer que «hay diferentes sectores, se va a hacer una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos».
