La liberación del tipo de cambio y de la mayoría de los precios de la economía licúa los ingresos de las familias a pasos agigantados. Este jueves el INDEC difunde el costo de vida de diciembre.
Los bolsillos de los argentinos ya venían golpeados por el camino impuesto por Sergio Massa en el último año de gobierno kirchnerista. Pero la devaluación del peso del 54% anunciada el 12 de diciembre último por la nueva administración de Javier Milei provocó tal cimbronazo en los precios de todo tipo de productos y bienes nacionales e importados, que una porción de la clase media quedó a tiro de pasar a ser pobre, lo cual genera un escenario cada vez más tenso socialmente.
Es que Milei anunció medidas para contener a los sectores más vulnerables, como la duplicación de la asignación por hijo y el aumento del 50% en el Plan Alimentar. Pero para las clases medias no hubo anuncios, lo que está empezando a generar zozobra en millones de familias que ven cómo, por niveles ingresos, están cayendo rápidamente en la categoría de pobres.
Este jueves el INDEC difundirá el índice de inflación de diciembre y de todo el 2023. Se estima que el costo de vida del último mes del año oscilará entre 25 y 30%. Milei dijo que si da 30% habría que “llevar en andas al ministro Luis Caputo”. Pero más allá del comentario, en concreto esa fuerte suba, la más alta en tres décadas, se suma a más de un año de precios en alza, lo que deja exhaustos los bolsillos de la gente.
Con impronta propia, la estrategia de Milei apunta a sincerar los precios relativos de la economía, incluido el valor del dólar, y lograr el déficit cero. Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno intenta poner en marcha una reforma estructural del Estado e implementar el libre mercado, a través de la Ley Ómnibus.
Pero en un régimen de alta inflación, los aumentos de precios se vuelven sumamente sensibles ya sea al tipo de cambio, a los salarios o bien a cualquier evento que genere incertidumbre en la economía, como un cambio rotundo de gobierno, coinciden especialistas.
Así, el alza generalizada en los precios de la economía doméstica se agravó por el impacto de la devaluación dispuesta por la nueva administración el pasado 12 de diciembre. La medida determinó una especie de punto de partida para que la mayoría de las compañías subieran los precios muy por encima de la inflación promedio en las semanas previas.
El salto cambiario marcó inmediatos aumentos en el rubro de alimentos que, en algunos casos, superaron el 100%, tras el anuncio oficial. A estas subas se sumaron las actualizaciones de precios hasta ahora regulados como tarifas de energía, transporte y prepagas.
El mayor impacto lo sufrió la actualización de las tarifas de transporte (45,32%), pero también los incrementos en prepagas (40% en promedio), rubros que seguirán aumentando durante los próximos meses.
Por otra parte, también se registraron alzas significativas en los combustibles -30% en diciembre y 27% en enero- lo que tendrá un fuerte impacto en toda la cadena productiva.
El principal desafío del Gobierno está en lograr que la implementación de las medidas de shock no se lleve puestos los salarios de la mayoría de la población y, a su vez, repuntar la inevitable contracción del mercado interno y la recesión de la actividad, en el menor tiempo posible.
Las subas anunciadas para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el pago de bonos a jubilados, son intentos para mitigar los efectos negativos de la inercia inflacionaria en los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, estas medidas podrían no ser suficientes para contrarrestar el impacto económico negativo.
Estos factores en su conjunto generan una marcada aceleración de precios que, por el momento, no viene acompañada de una política de recomposición de ingresos que permita recuperar el poder de compra de las familias.
Ante este panorama, los especialistas indican que en los próximos 4 o 6 meses, la incidencia de la fluctuación de los precios en las tasas de inflación futuras dependerá del nivel de confianza que el Gobierno pueda generar en la sociedad y de cómo perciba ésta el conjunto de medidas.
Si bien el programa de ajuste del gobierno nacional podría bajar la inflación, la realidad marca que cuatro de cada 10 argentinos ya viven en la pobreza. Los economistas advierten que la cifra aumentará a medida que la inflación deje a más personas sin posibilidad de adquirir bienes básicos.
Fuente: NA
