En Casa Rosada aseguran que «la Justicia va a definir quién tiene la razón”.
El Gobierno nacional confía en dirimir en la justicia la contienda abierta con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, debido a que consideran que al no pagar parte del paquete de deuda provincial contraída por Mariano Arcioni que escala a $119 mil millones, optaron por ejecutar la garantía vía el recorte de los fondos coparticipables.
El reclamo es de $13.500 millones, correspondiente a una de las cuotas a pagar en 12 meses, e insistirán en cobrarlo. Mientras tanto, califican los reproches de Torres como “una amenaza barata y berreta”.
“Con qué facultad puede desabastecer. Es una amenaza berreta y no pueden hacerlo. La Justicia va a definir quién tiene la razón”, concluyó un funcionario con despacho en Balcarce 50.
En sintonía el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la tensión por los fondos coparticipables y aseguró que “el Gobierno nacional no permite más caprichos de ninguna índole”.
En la habitual conferencia de prensa, el funcionario planteó: “En contraposición al espíritu de progreso, libertad y apertura al mundo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha amenazado a los argentinos con cortar la provisión de combustible si el Gobierno nacional no enviaba la totalidad de los fondos por coparticipación”.
“Tener esa intención no es un ataque al Gobierno nacional, sino a todos los argentinos», insistió respecto a la advertencia del gobernador de suspender el suministro de gas y petróleo si la administración libertaria no gira los fondos que, precisan, mantienen retenidos.
Ante este panorama, Adorni subrayó: «El Gobierno nacional no permite más caprichos y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia”.
El fin de semana, el mandatario anticipó vía redes la judicialización del conflicto.
La eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia
En otro pasaje de la conferencia Adorni hizo alusión a la decisión de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, y lo argumentó como parte de diversas medidas tendientes a “avanzar en la eliminación de los privilegios de la política”.
Además, puntualizó que “el ajuste que le corresponde hacer a las provincias es mucho menor que el que hizo el Gobierno nacional”, y aseguró que “de ninguna manera esto puede generar un problema de gobernabilidad” ya que “la Argentina está en un período de mucha más madurez que en otras épocas”.
