La norma terminará con el monopolio de Nación Servicios en la administración de los 400 millones de pasajes que cada mes pagan los argentinos para usar el colectivo, el tren y el subte. La pelea por los costos y la tecnología a utilizar
El texto se está discutiendo en varios despachos del Gobierno al mismo tiempo, pero la decisión política está tomada: el Gobierno emitirá un decreto para quitarle la exclusividad a Nación Servicios y al sistema SUBE en la administración del pago de los boletos de transporte público de todo el país. Y ese será el primer paso para que todos los usuarios puedan pagar el colectivo, el subte o el tren con cualquier tarjeta de débito o crédito.
En el proyecto toman intervención la secretaría de Comercio, la secretaría de Transporte y el Banco Central, que combinan distintas competencias en la cuestión, conversan con las empresas involucradas y están sentados en la misma mesa para llevar un texto final a la firma de Luis Caputo y del Presidente Javier Milei.
El decreto en marcha derogará otro, el 84/2009, que implementó el Sistema Único de Boleto Electrónico y lo puso en manos del Banco Nación. También dejará en el camino el “convenio marco” que regulaba ese manejo monopólico por parte de Nación Servicios. Esa norma de 2009 lleva las firmas de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido y el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa. Supuestamente, venía a solucionar la “crisis de las monedas”, ya que las escasez de dinero metálico generaba múltiples trastornos para los pasajeros y algunos negocios oscuros.
Modernización
La reforma en marcha viene a complementar y modernizar el sistema SUBE, dañado por la falta de actualización tecnológica y que revivió las imágenes de gente haciendo filas en las estaciones, ya no para conseguir monedas sino para nominalizar su tarjeta. Una vez terminada la exclusividad de Nación Servicios, el Banco Central tendrá a su cargo otras normas más específicas, relativas a la regulación de los medios de pago.
Aún cuando el texto del decreto no está cerrado, fuentes ligadas a su elaboración aseguraron que algunas definiciones ya están firmes. La primera es que la llegada del sector privado implica un sistema abierto: los dispositivos que se ubicarán en colectivos y estaciones deberán aceptar todas las tarjetas, bancarias o de fintech, de débito, crédito o prepagas, sin ninguna distinción. No habrá marcas o bancos con exclusividades, ni siquiera temporarias.
Al haber múltiples empresas de transporte (solo en AMBA, la red SUBE tiene más de 340 líneas de colectivos), se espera que haya más de una empresa que ofrezca los servicios de provisión de lectores de tarjeta y el procesamiento posterior de los pagos. El Gobierno no intervendrá en ese tema: “que haya contratos entre privados, que los transportistas acuerden con las empresas financieras”. En ese último sector se agrupan los adquirentes (aquellos que proporcionan a los comercios el servicios de cobrar por medios electrónicos), las emisoras de tarjetas y otras empresas con capacidad tecnológica para procesar ese enorme volumen de pagos. Y los bancos, por supuesto, manejarán parte de los fondos que hoy administra únicamente el Banco Nación.
Fuentes del mercado financiero aseguran que ya hay avances en este terreno. Sbase, la empresa de subterráneos de Buenos Aires, está cerca de cerrar un acuerdo con un grupo de prestadores tecnológicos para instalar en los próximos meses un lector de tarjetas en paralelo a los lectores de SUBE en cada estación porteña.
En el caso de las líneas ferroviarias administradas por el Estado nacional se prevé que se vean obligadas a llamar a una licitación pública para designar un proveedor.
El nuevo esquema, al mismo tiempo, prevé que en todos los casos el sistema SUBE siga vigente. Todos los nuevos medios de pago se agregarán al sistema actual. Y sin la incomodidad de que el usuarios “ponga la tarjeta a su nombre”, que genera filas y malhumor en estos días. Por definición, a diferencia de la SUBE, una tarjeta de débito o crédito siempre está identificada con su dueño. Por esa vía, se implementará cualquier tarifa especial.
Para dimensionar el negocio, según el BCRA en enero el sistema SUBE administró 340 millones de viajes por un monto de 22.000 millones de pesos. Más allá de que en el verano se viaja menos (en octubre hubo un pico de 442 millones de viajes), en enero el boleto promedio fue de 65 pesos. Con la reducción de los subsidios en el transporte, ese volumen de dinero crecerá en forma exponencial.
En cuanto a la tecnología, el borrador del decreto apunta al uso de tarjetas contactless que permiten el pago con solo acercarlas al lector, ya sea el plástico o bien el teléfono celular que las lleva cargadas, en el caso de quienes usen billeteras como Google o Apple Pay. Se menciona el uso de la tecnología NFC como la alternativa principal.
Por las características del servicio, se abren dudas si se puede utilizar el pago con QR, tal como se había informado tiempo atrás. Fuentes al tanto del proyecto oficial aseguran que si bien el criterio inicial era habilitar todos los medios de pago disponibles, los QR podrían quedar excluidos. La dificultad reside en el “tiempo de latencia”: pagar con QR requiere de varios segundos, un tiempo de espera razonable para la caja de un supermercado pero inviable para una fila de personas que pugna por subir a un colectivo o cruzar un molinete de subte. Los pagos contactless, en cambio, se concretan en menos de un segundo.
