Diputados del PRO presentaron un proyecto para que el Estado pueda intervenir en casos de violencia de género

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La investigación contra el expresidente activó una reacción inmediata de la oposición, que se expresó primero con repudios y ahora con una medida concreta. Quieren que sean delitos de instancia pública.

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género provocó un cimbronazo en la política argentina, con repudio generalizado entre propios y ajenos. Pero desde un sector de la oposición fueron por más: diputados nacionales del PRO presentaron este miércoles un proyecto de ley para que la violencia de género sea delito de instancia pública. De esta manera, el Estado podría intervenir sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de la víctima.

Según informaron desde la bancada liderada por Cristian Ritondo, la iniciativa contempla la modificación del artículo 72 del Código Penal argentino, que clasifica ciertos delitos como “de instancia privada”, entre los que está la violencia de género. Con este proyecto, cualquier fiscal podrá intervenir e investigar de hecho cuando “se toma conocimiento de que una mujer es víctima de violencia por su condición humana”.

“Cuando una mujer sufre violencia es una situación en la que el miedo, la coerción y la presión social hacen que la víctima no realice la denuncia, principalmente, por temor. Por eso, esta ley busca apoyarlas en el proceso de hacer la denuncia, y faculta a la justicia a poder hacerlo motu proprio”, afirmaron los diputados nacionales. Y agregaron: “Este proyecto incluye delitos sexuales y otros actos de violencia que actualmente requieren instancia privada. La modificación también busca garantizar que las víctimas puedan contar con el apoyo de instituciones especializadas durante todo el proceso judicial”.

Por último, los legisladores del PRO sostuvieron que “esta reforma asegurará que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las mujeres y de perseguir a los agresores, incluso cuando las víctimas no puedan o no quieran instar la acción penal. De este modo, se promoverá una mayor justicia y se reforzará el compromiso de Argentina con los tratados internacionales en la lucha contra la violencia de género”.

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