La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, y se retomará el próximo martes con una nueva reunión informativa para recibir a especialistas en la materia.
Con las exposiciones de los diputados nacionales autores de proyectos de ley, la Cámara baja continuó hoy con el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad.
La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, y se retomará el próximo martes con una nueva reunión informativa para recibir a especialistas en la materia.
A fines de julio, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.
La idea de esta reunión informativa, según comentó al inicio del encuentro la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, era escuchar las miradas diversas de los autores de los distintos proyectos para ver si era posible compatibilizar esos aportes con la iniciativa del Gobierno.
El primer orador fue el oficialista Álvaro Martínez, autor de uno de los proyectos más severos, dado que propone reducir la edad de imputabilidad a los 12 años como en Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
El mendocino recordó que la actual ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad fue “hecha en la dictadura” y “es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos».
“Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma”, exhortó, y explicó que su propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años tiene una intención ”de carácter disuasivo» para los delincuentes menores de edad.
“Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.
Martínez indicó que de esta manera “se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves” y defendió la necesidad de “una intervención temprana por parte del Estado” para “para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia”, al tiempo de “generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual”.
A su turno, la diputada de Buenos Aires Libre Carolina Píparo defendió con énfasis la figura de “la reincidencia de los menores desde que son imputables”, y definió a ésta como “una herramienta de la política criminal que busca mayor rigurosidad con aquellos sujetos que más desprecian la ley”.
“Cuando estos sujetos ya pasaron por experiencias punitivas y no pudieron capitalizar el tratamiento amerita por lo menos merituar los delitos que cometieron anteriormente para que no sigan accediendo a beneficios tales como la libertad condicional”, opinó.
Al respecto, la bonaerense señaló que “este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización” por parte de quienes se oponen a la baja de la edad de imputabilidad.
“La reincidencia debería ser un documento que tenga un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia, son hechos probados por la Justicia. Estamos pidiendo que se tenga el cuenta el pasado de cada sujeto”, remarcó.
Para Píparo, “considerar la reincidencia es necesario aun más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiendo en un hábito pero sobre todo se siguen sumando víctimas”.
“Este es un debate que viene cancelado con diferentes etiquetas. Hace unos años el lema era »ningún pibe nace chorro’. Estoy absolutamente acuerdo pero la pregunta es qué hacemos cuando una persona elige el camino del delito. Debe ser tratado como tal, como un deliucneunte, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una trampa”, cerró.
Autora de otro de los proyectos, la radical Carla Carrizo, se mantuvo firme en los 14 años como piso para empezar a discutir el nuevo régimen penal juvenil.
“Esa es la primera diferencia con el Gobierno”, precisó, y agregó que que “esta no es la ley Bases, no es una ley de gobernabilidad sino ”una ley de Estado que tiene que durar».
“La idea es no quedarnos cortos, porque hay que penalizar primero a los adultos que utilizan a los menores como carne de cañón para cometer delitos por los que ellos no quieren poner el cuerpo”, enfatizó la porteña.
Por Unión por la Patria, Natalia Zaracho pidió que se mantenga la edad de imputabilidad en 16 años, rechazó que se incorpore el criterio de la reincidencia para agravar las penas para menores, y defendió su proyecto de ley basado en la prevención y no en lo punitivo.
“En nuestro proyecto sostenemos que la edad tiene que quedar en 16. Claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad. Quedó demostrado en que menos del 1% de los crímenes graves lo hacen los menores”, resaltó.
Para darle fuerza a sus argumentos, la diputada cercana a Juan Grabois apeló a “los estándares internacionales de Derechos Humanos y las convenciones del Niño”.
“Esta es una discusión política. No nos mintamos. Me parece importante destacar el rol del Estado. No puede ser que la única opción que se le ofrezca a las pibas y pibes sea la cárcel”, se quejó Zaracho.
Finalmente, el diputado de la UCR Manuel Aguirre expuso sobre su proyecto de ley que también fija en 14 años el piso de imputabilidad.
“Tenemos que analizar la madurez mental del chico, si tenía la capacidad mental de analizar lo que estaba haciendo. Si es maduro y entendió lo que estaba haciendo, recién entramos en la ley», señaló.
