Se realizó en el Ministerio de Desarrollo Productivo por orden de la Justicia Federal, en el marco de tres denuncias hechas este lunes, tras la salida del ministro Matías Kulfas.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó un operativo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que se secuestró el pliego del gasoducto Néstor Kirchner.
El procedimiento se dio en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de esa licitación, a partir de tres denuncias que se formalizaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py.
La polémica alrededor del gasoducto comenzó el fin de semana, cuando desde el Ministerio que encabezaba el saliente Matías Kulfas se deslizó que hubo movimientos de parte del kirchnerismo para favorecer a la empresa Techint para quedarse con la licitación.
En el Juzgado de Rafecas recayó la primera de las denuncias hechas este lunes en Comodoro Py, mientras que las otras dos fueron a parar a manos de su par Ariel Lijo.
Las denuncias fueron presentadas tras la renuncia forzada de Kulfas, en medio de las quejas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que lo vinculara a un off de record en la que denunciaba supuestas irregularidades en el proceso de licitación de la obra.
La denuncia que estudia Rafecas fue hecha por Santiago Dupuy de Lome y el magistrado interviene junto con el fiscal Carlos Stornelli.
“Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint”, señala la presentación, a la par que apunta contra Kulfas.
En ese sentido, remarca que él no radicó una denuncia en su momento, y el abogado también acusó a Andrés Cirnigliario, presidente de IEASA, por presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, y negociaciones incompatibles.
Las otras dos denuncias hechas por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y la de los diputaos Graciela Ocaña y Waldo Wolf, quedaron en poder de Lijo. No obstante, la primera es la de Rafecas por lo que se acumularán allí todas las investigaciones.
Rafecas ya ordenó las primeras medidas a horas de ser hecha la denuncia y luego que la misma fuese ratificada por el abogado Dupuy de Lome.
