Durante el gobierno de Macri se pagaron además 62 millones de dólares por salitas que jamás se construyeron. Además se pagó al doble del valor de mercado las que sí se terminaron.
El juez federal Ariel Lijo reabrió una causa por irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Mauricio Macri. Un fiscal pidió la realización de medidas de prueba y quedaron bajo la lupa pagos realizados por 62 millones dólares por salitas que ni siquiera se terminaron.
El magistrado dispuso la reapetura del caso tras una presentación de la Oficina Anticorrupción (OA) y del pedido realizado por el fiscal federal Ramiro González en base a una presentación del ministerio de Educación sobre las sospechas de que se pagaron más de 62 millones de dólares por la construcción de 93 jardines en distintas provincias que nunca fueron terminados.
«Me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan”, había dicho el entonces candidato presidencial Macri durante el debate de 2015. Pero según el informe del Ministerio de Educación, durante su gestión se licitaron obras para 292 nuevos jardines en todo el país, de las cuales se finalizó menos de la mitad, 18 obras fracasaron en la licitación, 26 estaban en ejecución, 111 fueron rescindidas y 30 suspendidas.
También se investiga si se pagaron sobreprecios del doble del valor de mercado. Muchas de las obras habrían sido abandonadas y pese a ello no se habrían hecho gestiones para recuperar el dinero. Varias empresas contratadas entraron en convocatoria de acreedores y el Estado no habría reclamado, según se investiga.
«Deberá profundizarse la pesquisa a fin de determinar si existieron irregularidades respecto al recupero de anticipos, recupero de acopios, ejecución de garantías, acciones sumariales y resguardo de obras en el marco de las licitaciones públicas internacionales», pidió el fiscal González.
Según el fiscal, «se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias» como el pedido de informes sobre los concursos preventivos de la unión de empresas formada por Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas que había obtenido la licitación para hacer los 93 jardines en cuestión.
También el fiscal pretende que el ministerio de Educación entregue toda la documentación que posee sobre las adjudicaciones y el proceso posterior.
La denuncia original fue realizada por Margarita Stolbizer, desde la ONG Bajo la Lupa, que señaló que nadie controlaba la ejecución de esas obras, para las que se habían establecido plazos de realización de 150 a 180 días. El caso fue archivado por falta de pruebas, pero ahora fue reabierto.
Las irregularidades se habrían dado en la licitación y contratación, durante la gestión de Esteban Bullrich, y durante la de Alejandro Finocchiaro. El Estado no reclamó a la UTE que no cumplía, ni impuso multas y cuando las empresas se presentaron en concurso de acreedores no se presentó a verificar los créditos.
La OA, que encabeza Félix Crous, planteó la posibilidad de investigar posibles sobreprecios. La denuncia decía que se pagaron 1.498 dólares por metro cuadrado, cerca del doble de los valores de mercado cotejados.
