La justicia suspendió la municipalización de los comedores escolares

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El titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de consejeros. El decreto, firmado por María Eugenia Vidal, traspasaba la competencia del Servicio Alimentario Escolar a los distritos.

Antes de que el diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, solicitara un jury de enjuiciamiento en su contra, el juez Luis Arias emitió una sentencia que significa un nueva revés para el gobierno de María Eugenia Vidal.

comedores escolaresEn esta ocasión, el fallo suspende el decreto de la mandataria provincial que dispuso la municipalización del Servicio Alimentario Escolar. La sentencia, en efecto, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de consejeros escolares de distintos distritos, afectados por el traspaso de competencias.

En este sentido, el titular del juzgado Contencioso Administrativo consideró que la medida resulta contraria “a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico –pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”.

Asimismo, indican que, tal como surge del Decreto, la administración de los recursos humanos que llevan adelante el programa alimentario (SAE), será personal municipal, sin explayarse respecto de lo que ocurrirá con el personal auxiliar docente que actualmente lo desempeña y que tampoco queda claro quién continuaría con la ejecución del programa, en el caso de que el mismo sea dado de baja en el Municipio

comedores escolaresPor su parte, establece que “Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires”, en su Art. 246 indica que las actividades que los establecimientos educativos concreten en el marco del ‘Servicio Alimentario Escolar’, son responsabilidad de los organismos provinciales específicos. Asimismo, dispone la norma que el Servicio Alimentario Escolar (o el programa que lo reemplace), es parte integrante del Proyecto Institucional”.

Por ello, el juez Arias ordenó la suspensión de los efectos del Decreto 2077/16, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y, respecto de los municipios que hayan adherido al programa y éste se encuentre en ejecución, corresponde otorgar un plazo de treinta días para tal fin.

“Creemos que es una medida autoritaria, anticonstitucional e ilegal. La Gober-nadora dudó de la tarea de todos los consejeros y subestimó nuestra función”, dijo a La Tecla, ofendida, la consejera escolar por Chivilcoy Alicia Galiotti, ni bien se conoció la medida del Ejecutivo.

La controversia en juego es, ni más ni menos, el traspaso de la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a manos de las municipalidades. Sin embargo, la gestión del Ejecutivo provincial no se quedó atrás en las hostilidades y salió a defenderse a capa y espada. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social explicaron a La Tecla en las inconsistencias administrativas que relevaron en muchos distritos. “A los consejos le falta un sustento administrativo”, replicaron.

En las auditorías que el gobierno hizo junto a organismos académicos certificaron que en muchos casos los legajos de licitación del SAE estaban incompletos, y con pagos hechos sin facturas o que no cumplían los requisitos formales. Además cruzaron a Baradel, calificando a sus dichos de “falaces” respecto de los valores en las raciones del Servicio Alimentario.

Hasta el momento, adhirieron al nuevo sistema Juan Zabaleta de Hurlingham, Néstor Grindetti de Lanús, Ramiro Tagliaferro de Morón, Pablo Petrecca de Junín, Gustavo Posse de San Isidro y Martín Yeza de Pinamar, firmaron el acta acuerdo para realizar mejoras en la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La medida de Arias tiene lugar días antes de conocerse el pedido de jury de enjuiciamiento, solicitado por el diputado provincial oficialista Guillermo Castello, por presunta imparcialidad política. «Los jueces no podemos ser juzgados por nuestros pensamientos, por nuestra ideología, sino por nuestros fallos. Esto es grave: una caza de brujas, una persecución ideológica», dijo el magistrado quien, semanas atrás, había fallado a favor de los docentes.

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