Salta, Santa Cruz y ahora Mendoza arancelan. Buenos Aires rechaza la justificación económica, argumentando que tales consultas e internaciones no llegan al 1%.
Al sumarse Mendoza a Salta y Santa Cruz en el cobro diferencial a extranjeros para ser atendidos en hospitales discriminándolos de la gratuidad del sistema público, se reavivó la polémica sobre el derecho a la salud, consagrado en la ley 25.871 de Migraciones, promulgada en 2004.
Dice textualmente: «No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria«.
Sin embargo, el cobro a extranjeros por servicios de salud en hospitales públicos es una tendencia creciente en Argentina, con el objetivo de aliviar la carga económica en los sistemas de salud provinciales.
La argumentación sobre el efecto de medidas discriminatorias contra extranjeros fue rebatida por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien esgrime un estudio realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria al considerar que «la atención de personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud».
Los datos demuestran que del total de internados en hospitales bonaerenses en 2023, sólo el 0,8% corresponde a extranjeros no residentes: 8.970 entre más de un millón del total durante ese año.
Y que de 1.449.606 consultas digitales registradas, 3.210 corresponden a personas que no residen en la Argentina, es decir, solo el 0,2% corresponde a consultas efectuadas por personas extranjeras.
El funcionario de Kicillof exhortó, ante esa radiografía estadística, a que se instrumenten «soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan«.
«Hay que defender la atención sanitaria como derecho universal«, sentenció.
Salta dio el primer paso
Este año, Salta, dio el puntapié inicial del arancelamiento de la salud pública a extranjeros, con resultados económicos positivos, ya que, como consecuencia, en el acto disminuyó en un 95% la atención de pacientes que cruzaban la frontera para aprovechar que era gratuita.
Otras provincias, como Neuquén, Entre Ríos, Chubut, Corrientes y Córdoba, están en proceso de implementación o en debate legislativo, debido a consideraciones éticas y/o legales.
Por de pronto, esta semana Mendoza se convirtió en la tercera provincia en cobrar la atención médica a los extranjeros. Posteriormente a Salta y Santa Cruz, mientras que Jujuy también planteó un dispositivo similar.
Justamente el gobierno de esta provincia había instalado el debate inicial allá por 2016.
«Será sumamente importante analizar el caso en cada provincia y cuál sería su impacto social, sanitario y económico real», aconseja en nombre de la economía de la salud el experto Ariel Goldman.
La tarifa mendocina
Desde esta semana, en la provincia cuyana por ejemplo, una atención en la guardia costará $13.000, mientras que un día de internación en terapia intensiva sin intervención quirúrgica ascenderá a $400.000.
En Jujuy, está vigente desde 2019 la Ley 6116, que establece el Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Esto permite cobrarle la atención en hospitales públicos a los no residentes en la provincia.
Sin embargo, no se había aplicado y con el caso salteño se reavivó el debate.
En 2018, la Fundación Soberanía (cercana a Kreplak) había elaborado un informe cuando el entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, avanzó fuertemente, al menos desde lo discursivo, para restringir el acceso de los extranjeros.
“Se pudo observar que mientras en Jujuy, los niños nacidos vivos que son hijos de madres extranjeras sin documento argentino en los hospitales públicos de la provincia representaban un 0,44%, a nivel nacional esta proporción era aún menor, ocupando un 0,03%, según datos oficiales de 2016”, recordaron en el último trabajo.
En cuanto a egresos hospitalarios, el informe mostraba que mientras en Jujuy la proporción de extranjeros no residentes egresados era de 0,28%, en la Ciudad de Buenos Aires llegaba a una proporción ínfima de 0,04%.
“La información presentada da cuenta de que lo que en verdad se esconde en el arancelamiento a la atención de extranjeros es un fuerte debate sobre el derecho a la salud”, advirtió la Fundación Soberanía Sanitaria.
Fruto de los recortes presupuestarios para las provincias, el cobro a extranjeros fue una respuesta en Salta a la necesidad de controlar los recursos.
Políticamente, también surge ante el reclamo de un sector de la sociedad salteña por el caso de Alejandro Benítez, un docente salteño que murió en Bolivia en 2022 por falta de atención médica.
Argentina y Bolivia tienen firmados convenios para la atención gratuita en ambos países, aunque siempre fue cuestionado ante la cantidad de denuncias de argentinos que no recibían atención en el país vecino.
A principios de marzo, el gobierno de Salta emitió un decreto de Necesidad y Urgencia para cobrar los servicios médicos a extranjeros que no residen en Argentina, una medida que posteriormente fue respaldada por una ley.
“Antes, nuestros hospitales estaban abarrotados de pacientes, pero ahora estamos experimentando un notable alivio en la demanda de atención. En Orán, por ejemplo, el mes pasado atendíamos a unos 3.300 pacientes, mientras que hoy solo estamos recibiendo alrededor de 60. Si calculamos el valor de la consulta en $6.600, esto significaría que podríamos estar generando más de 23 millones de pesos solo por consultas médicas”.
“El que está radicado en Salta y paga los impuestos, es un salteño más y no se le cobra nada. El que viene de tránsito, que es muchísima gente, como tenemos el sistema automatizado con las historias clínicas, sabemos perfectamente quiénes son. Las urgencias no se negocian, si está en riesgo de vida el paciente se lo atiende, y después vemos cómo lo cobramos y a quién”, adujeron.
Respecto al argumento que el cobro genera discriminación o puede incentivar la xenofobia, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, había replicado: “No tiene nada que ver que haya familiares bolivianos de argentinos y que se les cobre. Porque los familiares argentinos de bolivianos van allá y les cobran”.
A favor y en contra
Los principales argumentos a favor del cobro se dan por la sostenibilidad del sistema de salud, recuperando los costos ante los recursos limitados; y la igualdad, ante la obligación de pagar impuestos por parte de los ciudadanos; los extranjeros, al no pagar impuestos, deberían pagar por los servicios sanitarios.
Los argumentos opositores al cobro se sostienen desde que la salud es un derecho fundamental y que todos, independientemente de su nacionalidad, deberían tener acceso a la atención médica sin barreras económicas.
Argumentan que el cobro podría dificultar el acceso a servicios esenciales. También existe preocupación de que el cobro pueda llevar a la discriminación y al rechazo de atención médica a personas extranjeras, especialmente a aquellas en situaciones vulnerables.
En Corrientes, ya se presentó una iniciativa, cuyo autor es el legislador José Antonio Romero Brisco, que establece que “el arancelamiento de la atención y servicios en el ámbito del sistema de Salud Pública de la Provincia, para todos los extranjeros que, de acuerdo a la categorización establecida en la Ley Nacional N° 25.871, sean ‘residentes transitorios’ o ‘residentes precarios’, debiendo solventar los costos de dichas prestaciones a través de un seguro de salud con cobertura suficiente o por sí mismos”.
En Neuquén, Mendoza y Entre Ríos se presentaron proyectos similares a los mencionados.
En Córdoba, el legislador Juan Pablo Peirone presentó un proyecto de ley que propone el cobro a extranjeros e incluye también el cobro a ciudadanos argentinos de otras provincias para tratamientos y cirugías programadas.
El cálculo que hace es que el 20% de la atención en el sistema cordobés no se da a cordobeses.
En Chubut se ofrece atención médica pública sin costo. Sin embargo, en los últimos años, la provincia ha establecido un acuerdo con Chile.
Según este convenio, el sistema sanitario chileno asume los costos de atención para los ciudadanos de su país que reciben tratamiento en lugares como Esquel, Lago Puelo o Río Pico, donde la demanda es notable.
Alternativas comunales
En localidades, aparecen casos como el proyecto de ordenanza para la creación de un seguro municipal de salud en La Matanza recibió el repudio de la CICOP, el gremio de los médicos de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, equivalente a los denominados vouchers en salud que ya se aplican en ciudades como San Nicolás, es impulsada por el bloque de concejales de La Libertad Avanza.
Médicos de CICOP salieron al cruce de un proyecto de LLA para crear un seguro de salud municipal en La Matanza.
San Nicolás se convirtió en la primera ciudad del país en poner a prueba un esquema de vouchers en salud que pregona la gestión de Javier Milei.
La ciudad gobernada por la familia Passaglia (PRO) adhirió a la iniciativa que había anunciado en campaña para romper con el esquema actual de salud pública. Lo hizo a través del Hospital Zona Oeste, que entregó al Grupo Oroño para que instale el sanatorio.
«A través del Seguro Médico Municipal (Voucher de salud) se le da cobertura médica a casi 50.000 vecinos que no tenían obra social, es decir, a un 30% de la población.
Se implementó a través de una credencial digital, utilizando el DNI del usuario como número de afiliado. Esto permite tener un control de las atenciones, para evitar fraudes», indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desde la ciudad del norte bonaerense.
«La credencial digital, de hecho, funciona con token tal cual lo hacen todas las obras sociales, desde la web de la Municipalidad. El municipio paga solo por aquellas prestaciones médicas al vecino que le corresponden, las relacionadas al primer nivel de atención. De esta forma, pone solo los recursos en la demanda. El sector privado invierte en la oferta del resto», agregó a la explicación.
Otros países en América
La relevancia de evaluar las políticas de salud pública en el contexto de la economía regional y la comparativa con políticas similares en Latinoamérica ofrecen una perspectiva más amplia sobre la gestión y financiamiento de los servicios de salud en la región.
En general, los extranjeros deben pagar por las prestaciones de salud o contar con un seguro privado que se haga cargo.
Incluso varios países arancelan el acceso a la salud a sus ciudadanos.
Como excepciones están Brasil y Ecuador que ofrecen atención médica gratuita a través del Sistema Único de Salud (SUS) para sus ciudadanos y extranjeros, pero en algunos casos puede haber cobros adicionales para los no residentes.
Otra es Panamá, donde se ofrece un seguro de salud gratuito por 90 días con la excepción de cobertura de embarazos y enfermedades preexistentes.
