El Presidente se aferra al respaldo popular para presionar a diputados y senadores, mientras negocia con los gobernadores y se prepara para enfrentar el primer paro general anunciado por la CGT. Toma fuerza ante un peronismo que busca liderazgo y no logra reordenarse tras la derrota electoral.
El presidente Javier Milei cumple sus primeros 30 días al frente del Gobierno nacional, con una impronta personal y el desafío de acortar los tiempos para avanzar con reformar profundas sin perder apoyo popular.
Impulsado por el resultado de las elecciones y una imagen positiva alta, el Presidente acelera las negociaciones con diputados, senadores y gobernadores, a través de los principales referentes de su gabinete, para evitar el rechazo legislativo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y garantizar el acompañamiento a la Ley Ómnibus, a la que se muestra dispuesto a hacerle algunas modificaciones como moneda de cambio.
Mientras avanza en ese sentido, Milei enfrenta a corto plazo dos frentes duros. Por un lado, el paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) tras las presiones de las bases sindicales para rechazar que se afecten derechos laborales y los cacerolazos; por el otro, la judicialización del megadecreto, que planteó reformas a más de 300 leyes.
Como contrapartida, el Presidente se fortalece ante una oposición sin rumbo, con el peronismo que no encuentra liderazgo y sigue sin lograr reordenarse tras el duro golpe que le asestó la amplia derrota electoral. Mientras Sergio Massa mantiene una postura moderada, apalancado en el Frente Renovador, Axel Kicillof encabeza la resistencia k en la provincia de Buenos Aires.
La del libertario será tal vez la luna de miel más corta de un presidente con lo que le gusta identificar como la “casta política”, pero que por el momento no muestra fisuras con gran parte del electorado que lo acompañó en el balotaje y de eso se aferra para avanzar con los cambios más profundos.
Milei, obligado a negociar
Si bien el Presidente se muestra intransigente a la hora de negociar cambios y modificaciones sobre proyectos de desregulación económica y reformas del Estado y su sello personal es jugar a fondo con la motosierra, los principales referentes de su gabinete son los encargados de poner sobre la mesa los puntos sobre los que el Gobierno está dispuesto a ceder, como en el caso de biocombustibles o la Ley de Pesca.
Desde incluso antes de asumir, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo reuniones con los gobernadores electos para buscar puntos en común en una agenda de trabajo. En los últimos días, se sumó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Por un lado, los mandatarios provinciales buscan minimizar el impacto social del ajuste de las cuentas públicas en su territorio. Allí cobra fuerza la negociación de Ganancias, de obras públicas y el giro de recursos nacionales. Pero también algunos se muestran dispuestos a acompañar siempre que se les garanticen proyectos que les permitan engrosar las arcas provinciales, como en el caso de las inversiones extranjeras para el litio o el petróleo.
En defensa de la Ley Ómnibus, todos los integrantes del gabinete confirmaron que irán al Congreso a exponer los puntos que involucran a sus áreas y responder preguntas, como parte de la necesidad del Gobierno de darle fuerza al proyecto.
Cerca de Milei, están convencidos de que ese frente legislativo lo tienen bajo control. En el ámbito judicial, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, es el encargado de monitorear de cerca el devenir de los magistrados a cargo y aceitar el vínculo con la Corte Suprema de Justicia, mientras que la Secretaría Legal y Técnica prepara la contraofensiva a los amparos.
La CGT y el reclamo callejero, el principal frente en disputa
En el Gobierno festejan que desde la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bajó la conflictividad social en las calles, pero reconocen que la verdadera prueba de fuego será el paro general con movilización anunciado por la CGT para el 24 de enero.
La central obrera resistió hasta donde pudo la convocatoria a esa medida de fuerza, pero los cacerolazos de diciembre y las presiones de las bases sindicales, sumadas a las modificaciones que afectan leyes laborales, terminaron definiendo el llamado al paro.
Será para Milei la prueba a pasar más importante desde que llegó al sillón de Rivadavia, pero también será una toma de pulso para el peronismo, que intentará hacer una demostración de fuerza sin tener en claro cuál será el alcance del impacto de una medida de este tipo en pleno enero y habiendo pasado apenas 45 días del recambio presidencial.
En paralelo, LLA suma respaldos de gremios fuertes, como el de los mercantiles -con Armando Cavallieri a la cabeza, un sindicalista que se sabe un eterno oficialista sin distinción de bandera política-, y consigue tibias definiciones de otros moderados, como Gerardo Martínez, de la Uocra. Las negociaciones le dan aire para atomizar el poder de la CGT, que logró sumar a otras centrales, como las dos CTA y ATE.
