Las audiencias públicas para tratar los nuevos precios y la segmentación se llevarán a cabo entre este martes y el jueves.Los sectores más vulnerables tendrán un ajuste no superior al 21,36% y sólo el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo pagarán tarifa plena.
La Secretaría de Energía formalizó la convocatoria a las audiencias públicas para tratar los nuevos precios y la segmentación tarifaria de los servicios de gas natural y energía eléctrica, que se llevarán a cabo entre el 10 y el 12 de mayo próximos.
Las tres audiencias fueron convocadas a través de las resoluciones 235/2022, 236/2022 y 237/2022, publicadas este lunes en el Boletín Oficial.
Todas las audiencias comenzarán a las 10 y se desarrollarán de manera virtual, a través de la plataforma Webex y los interesados podrán seguirlas a través de las redes sociales.
La primera de las audiencias será el 10 de mayo y tendrá por objeto el «tratamiento de los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicables a partir del 1° de junio de 2022», de acuerdo con lo estipulado en la resolución 237.
En la resolución 236 se convoca a la audiencia del 11 de mayo, en la que se pondrá a consideración el tratamiento de los nuevos valores del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), «aplicables a partir del 1° de junio de 2022».
Como hecho novedoso, se destaca en las convocatorias que la segmentación de los incrementos tarifarios por la reducción de subsidios se considerará en una audiencia unificada para los servicios de gas natural y de energía eléctrica, respectivamente bajo las órbitas de los entes nacionales reguladores del Gas (Enargas) y de la Electricidad (ENRE).
En este caso, la convocatoria para la última de las tres audiencias, a celebrarse el 12 de mayo, se concretó mediante la resolución 235, que dispuso que el encuentro será para analizar el «tratamiento de la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios de los servicios de gas natural y de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023».
En cuanto a la distribución, el Enargas tiene un alcance nacional con nueve compañías supervisadas, en tanto al ENRE sólo le compete las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (Edenor y Edesur).
Las convocatorias habían sido adelantadas el jueves 14 de abril por parte de Energía, en un comunicado en el que señaló que el nuevo esquema se regirá por el principio de «gradualidad».
En la oportunidad, la repartición dirigida por Darío Martínez reiteró que la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para los usuarios de electricidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.
En tanto, el 10% de los usuarios residenciales de los servicios de gas y electricidad con mayor capacidad de pago, dejarán de recibir el beneficio del subsidio a la energía. De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio de 17%.
Por su lado, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.
La implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que, con «criterios de justicia y equidad distributiva», incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al respecto, el acuerdo con el organismo multilateral de crédito estableció que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un incremento que no podrá superar el 40% del aumento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2021, que fue del 53,4%.
En consecuencia, los sectores más vulnerables de la población tendrán un ajuste no superior al 21,36%.
Asimismo, se dispuso que el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo tengan tarifa plena, es decir sin subsidios, mientras que la franja poblacional ubicada entre los dos extremos tendrá un aumento equivalente al 80% del CVS del año pasado, es decir no más del 42,72%.
