La decisión del Directorio Ejecutivo da lugar a un desembolso de alrededor de US$4.700 millones que servirán para “apoyar los sólidos esfuerzos políticos de las nuevas autoridades”.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles la séptima revisión del acuerdo ampliado bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para la Argentina y elogió las “medidas audaces” del actual Gobierno.
De esta manera, la decisión del organismo internacional permite que se realice un desembolso inmediato de US$4.700 millones que servirán para “apoyar los sólidos esfuerzos políticos de las nuevas autoridades”.
El Directorio del FMI evaluó que “los objetivos clave del programa hasta finales de diciembre de 2023 no se alcanzaron por amplios márgenes debido a graves reveses en materia de políticas, lo que requirió la aprobación de exenciones de incumplimiento”.
A su vez, remarcó que se debió a la “introducción de medidas temporales que dieron lugar a la introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiple”.
En ese marco, señaló que se modificaron los objetivos del programa y “restaurar la estabilidad macroeconómica protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables”.
“Tras la finalización de las últimas revisiones, los ya grandes desequilibrios y distorsiones de Argentina se agudizaron y el programa se desvió significativamente, lo que refleja las políticas inconsistentes del gobierno anterior”, expresó la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva.
Y agregó: “En medio de esta difícil herencia (inflación elevada y creciente, reservas agotadas y altos niveles de pobreza), la nueva administración está tomando medidas audaces para restaurar la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento. Estas medidas iniciales evitaron una crisis de balanza de pagos, aunque el camino hacia la estabilización será difícil”.
El plan de estabilización busca el establecimiento de “un ancla fiscal fuerte” para poner “fin a todo financiamiento del gobierno por parte del Banco Central”.
Por otro lado, remarcó que el superávit fiscal primario de alrededor del 2% del PIB en 2024 se apoyará en una “combinación de impuestos temporales” que tienen que ver con las importaciones y “el fortalecimiento de los impuestos a los combustibles”. También se va a “racionalizar los subsidios a la energía y el transporte, los costos administrativos y las políticas de menor prioridad”.
Acompañado a ello “se está reforzando la asistencia social para apoyar a los más vulnerables”.
“Tras el realineamiento del tipo de cambio, la política cambiaria debería continuar asegurando los objetivos de acumulación de reservas”, expresó Georgieva. Y añadió: “Las autoridades se han comprometido a eliminar en el corto plazo las restantes restricciones cambiarias distorsionantes y las prácticas monetarias múltiples, y a desarrollar planes para desmantelar gradualmente las medidas de gestión de los flujos de capital, según lo permitan las condiciones”.
“La postura de la política monetaria debería evolucionar para respaldar la demanda de dinero y la desinflación, mientras que el marco y las operaciones de la política monetaria se ajustarán para fortalecer su papel de anclaje”, puntualizó.
A su vez, destacó los “esfuerzos” para “corregir grandes y extensos desajustes de precios relativos”, mientras que se están “abordando las barreras al crecimiento, el empleo formal y el comercio”.
“Será esencial una formulación de políticas ágil y una planificación de contingencias, y es posible que se necesiten medidas adicionales para asegurar los objetivos del programa y restaurar la estabilidad de manera duradera. Sigue siendo imprescindible una comunicación clara y una asistencia social bien orientada, así como esfuerzos continuos para generar apoyo social y político para el programa”, completó.
