Vandalismo en las escuelas bonaerenses: presenta un proyecto para sancionar a los responsables

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El gobierno de María Eugenia Vidal buscará modificar el Código Contravencional para incorporar nuevas formas de vandalismo e incluir sanciones para quienes cometan dicha contravención.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentará este martes en la Legislatura un proyecto de ley que modifica el Código Contravencional de la Provincia para incorporar  nuevas formas de vandalismo al código de faltas e incluir nuevas sanciones para quienes cometan esta contravención.

En lo que va de este año, solo hasta marzo, ya hubo 117 hechos de robo y vandalismo en establecimientos educativos de la Provincia, que costarán al menos $100 millones. Un total de 248, entre 2018 y 2019.

El objetivo es proteger al alumno, al docente y a la comunidad educativa en general y asegurar la prestación del servicio educativo. Y aplica a establecimientos educativos de educación pública y privada.

En este contexto, desde el gobierno de María Eugenia Vidal sostuvieron que  «cada hecho de vandalismo en una escuela afecta no solo la calidad de las condiciones educativas, sino que también en algunos casos comprometen las clases de los chicos y la seguridad de quienes integran toda la comunidad educativa». 

«Sumado a esto, los bonaerenses terminan pagando estos hechos, cuando es dinero que podría ser utilizado para mejorar otras escuelas. Arreglar los actos de vandalismo realizados en 2018 y 2019 en los establecimientos educativos le está costando a los bonaerenses $205 millones», añadieron.

Este gasto, compararon, equivale a la construcción de 66 aulas nuevas de jardín, siendo que cada aula de 40m2 tiene un valor de $1,6 millones.

El proyecto que se presentará este martes modifica el artículo N°74 del Código Contravencional de la Provincia (decreto-ley n°8031), del capítulo 4 “Contra la tranquilidad y el orden público” e incorpora nuevas formas de vandalismo al código de faltas y prevé nuevas sanciones.

«La intención es proteger al alumno, al docente y a la comunidad educativa en general y asegurar la prestación del servicio educativo. Aplica tanto a establecimientos educativos de educación pública y privada», concluyeron.

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