Máximo Kirchner acordó con los dirigentes Mario Secco, Carlos Castagnetto, Martín Sabbatella, Rubén Eslaiman y Diana Conti «facilitarle a dicho sector los avales para presentar las distintas candidaturas».
Los partidos mayoritarios de Unión por la Patria decidieron hoy «facilitarle los avales» al precandidato presidencial Daniel Scioli para que pueda competir en las PASO del próximo 13 de agosto, luego de que el ex motonauta y presentó un escrito ante la Junta Electoral Partidaria y de la Provincia de Buenos Aires para impugnar el reglamento interno impulsado por Máximo Kirchner.
«En el marco del diálogo permanente entre los representantes de los seis partidos mayoritarios de Unión por la Patria (Partido
Justicialista, Frente Renovador, Frente Grande, Kolina, Partido para la Victoria y Nuevo Encuentro), se decidió facilitarle los avales al sector de Daniel Scioli para que pueda presentar su candidatura presidencial», indicaron en un comunicado.
En el escrito, detallaron que la decisión se tomó debido a que «Daniel Scioli y Alberto Ángel Fernández no pudieron reunir los avales necesarios para sostener la candidatura presidencial» del embajador en Brasil.
En ese marco, el presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner, acordó con los dirigentes Mario Secco, Carlos Castagnetto, Martín Sabbatella, Rubén Eslaiman y Diana Conti «facilitarle a dicho sector los avales requeridos por la normativa vigente para presentar las distintas candidaturas».
«Para quienes presiden los partidos que integran Unión por la Patria, resulta sumamente extraño que alguien que aspira a conducir los destinos del país no haya conseguido los avales necesarios para ir a elecciones», apuntaron.
En el encendido comunicado, los dirigentes ironizaron: «Resulta más extraño aún que, incluso habiéndole facilitado dichos avales -sin los cuales no podría competir-, Daniel Scioli y Alberto Ángel Fernández hayan judicializado el reglamento que voluntariamente
firmaron».
«La judicialización de la política, que el peronismo siempre condenó enérgicamente, no sólo entorpece el proceso electoral en un contexto de conflictividad creciente, sino que es absolutamente funcional a los sectores políticos y económicos que siempre han vulnerado los derechos de los argentinos y las argentinas», sentenciaron.
