Coparticipación: Nación y Ciudad no llegaron a un acuerdo y definirá la Corte Suprema

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Por decreto el gobierno de Macri había elevado del 1,4% al 3,5% los fondos de la Coparticipación Federal que recibía la Ciudad en detrimento del resto de las provincias.

Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron en el mediodía de este miércoles y sin alcanzar un acuerdo las negociaciones por los fondos de la Coparticipación Federal que la gestión de Mauricio Macri había multiplicado por decreto para la Ciudad y que luego Alberto Fernández, también por decreto, ordenó suspender. Así ahora será el turno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá fallar en el diferendo.

La reunión tuvo lugar en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que el viernes pasado 21 provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.

En tanto, hoy, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que «el federalismo no se negocia» y manifestó la «profunda preocupación por la injerencia indebida» por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos de Coparticipación Federal otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.

«Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo de la Corte Suprema en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes», señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales, dado a conocer hoy.

En ese marco, los gobernadores advierten que «no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios».

«La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo», remarcaron en el documento que entregaron a la Corte Suprema y que fue suscripto por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Durante la semana pasada, las partes en esta controversia en torno a los fondos de la Coparticipación entendían que las reuniones técnicas para acordar en el plazo fijado por la Corte Suprema -que finalizó hoy- seguirían sin dar resultado, dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzados en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación.

Sin embargo, luego del dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores -incluso de aliados políticos de Horacio Rodríguez Larreta- la Ciudad motorizó un nuevo encuentro pero que no tuvo resultados positivos.

Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.

Las partes tuvieron, el 10 de marzo pasado, una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos de la Coparticipación Federal transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

El 9 del septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones, plazo vencido hoy.

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